En 1997, el Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana se situaba en unos modestos 20,017 millones de dólares. Treinta años después, la realidad es radicalmente distinta, cerramos el 2019 rozando los 90,000 millones y las proyecciones para este 2026 sitúan nuestra economía en la histórica cifra de 136,150 millones de dólares. Este salto exponencial no es un simple indicador estadístico, representa la mutación profunda de una nación que pasó de una economía tradicional a un dinámico centro regional de inversión extranjera directa, sofisticación financiera y alianzas público-privadas.
Sin embargo, para que este engranaje no se detenga, el crecimiento económico necesita un correlato indispensable, seguridad jurídica al más alto nivel. No basta con tener leyes modernas, se requiere que quienes imparten justicia comprendan el latido del mercado.
La historia judicial dominicana se ha consolidado en grandes hitos de transformación. Así ocurrió con las renovaciones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en 1997, 2010 y 2019. Hoy, en 2026, nos encontramos ante una nueva encrucijada histórica. Con el vencimiento del período de 11 magistrados, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se apresta a convocar un proceso de evaluación y selección que definirá el rumbo de la jurisprudencia nacional por los próximos años.
Es aquí donde cobra vigencia una de las herramientas más sabias de nuestro diseño constitucional, la regla que reserva las tres cuartas partes (3/4) de la matrícula de la SCJ a jueces de carrera, abriendo el cuarto (1/4) restante a profesionales del ejercicio privado, la academia o el ministerio público. Históricamente, este valioso espacio ha sido completado, de forma casi exclusiva, por eminentes especialistas en derecho constitucional, penal, administrativo o civil tradicional. Los negocios y la economía, lamentablemente, han carecido de una voz propia en las salas deliberativas del máximo tribunal.
Y es que, en los últimos 26 años, el Congreso Nacional ha dotado al país de una densa arquitectura normativa para blindar el clima de inversión. Quien asuma una de las codiciadas sillas de la Suprema no puede ser un mero espectador de estas reglas. La SCJ necesita con urgencia una voz que entienda el impacto real, operativo y financiero de instrumentos complejos: desde la Ley Monetaria y Financiera y la de Seguridad Social, hasta las leyes de Sociedades, Fideicomiso, Garantías Mobiliarias, Lavado de Activos y APP, entre otras. A esto se suman las sucesivas reformas tributarias, políticas de cumplimiento (compliance) y definitivamente la entrada en vigor de un Código Penal con un tratamiento penal corporativo inédito para las empresas. Se requiere de alguien que haya vivido la implementación de estas normas desde la trinchera del sector privado, anticipando los efectos de una sentencia sobre el ecosistema empresarial.
Encontrar este perfil en las próximas evaluaciones del CNM no será tarea fácil. El primer reto es el de la idoneidad y los conflictos de interés. Un abogado corporativo exitoso ha defendido legítimamente intereses económicos diversos, por lo que el escrutinio sobre su imparcialidad debe ser riguroso. El segundo desafío es el del sacrificio personal. No abundan los profesionales corporativos de primer nivel dispuestos a abandonar una próspera y rentable práctica privada para someterse a las exigencias y al escrutinio del servicio público.
A pesar de las dificultades, el esfuerzo es imperativo. Si la meta compartida como sociedad es duplicar nuestro PIB de cara al año 2036, la certidumbre judicial es el activo más valioso que podemos ofrecer al mundo. Impartir justicia en la era global exige diversificar los saberes del juzgador. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene la oportunidad dorada de enviar un mensaje inconfundible de confianza y madurez institucional a los mercados. Llegó la hora de nominar a un abogado corporativo a la Suprema.
¡Atrévanse!
