La petrolera estatal peruana Petroperú rechazó estar obstaculizando o retrasando el proceso de reestructuración ordenado por el Ejecutivo para conseguir ser financieramente sostenible ante la grave crisis financiera que atraviesa, informó la empresa este jueves en un comunicado.
Petroperú rechaza cualquier afirmación que atribuya que la empresa, su directorio o su administración hayan buscado retrasar u obstaculizar el proceso de reorganización patrimonial dispuesto por el Estado. Tales versiones no se ajustan a la actuación institucional que Petroperú ha mantenido desde el inicio del proceso», señaló la compañía.
La petrolera desmintió informaciones de ciertos medios que apuntan a una supuesta falta de actuación de Petroperú en este proceso.
La empresa precisó que la adopción de los acuerdos societarios requeridos para la implementación del proceso exige contar previamente con información completa, tanto técnica, financiera, legal, contractual y operativa.
Esta información fue solicitada por Petroperú «con el único propósito» de asegurar que las decisiones del directorio se adopten con el debido sustento y dentro de los estándares de diligencia, transparencia y buena administración que exige el ordenamiento jurídico.
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En este sentido, la empresa indicó que dichas solicitudes de información complementarias «no deben interpretarse como una negativa, dilación o falta de colaboración».
«Por el contrario, dichos pedidos responden al deber de diligencia que corresponde ejercer al directorio y a la administración frente a decisiones de alta trascendencia patrimonial, financiera, jurídica y operativa para la empresa y el Estado», agregó.
También sostuvo que la compañía ha actuado de manera diligente y colaborativa en cumplimiento de los decretos de urgencia al proporcionar la información que le corresponde y participando activamente en las coordinaciones necesarias.
Además, Petroperú considera «prioritario» que los mecanismos financieros previstos se concreten a la brevedad, a fin de fortalecer la liquidez de la empresa, preservar la cadena de pagos y asegurar la continuidad de sus operaciones y del abastecimiento de combustibles en el país.
La empresa reiteró su compromiso con la reorganización patrimonial, la sostenibilidad financiera, la continuidad de sus operaciones y el abastecimiento oportuno de combustibles a nivel nacional y expresó que continuará actuando con transparencia, responsabilidad y estricto apego al marco legal vigente.
Una vez concluido este plan de reestructuración ordenado por el gobierno, la empresa estatal deberá ser financieramente autosostenible en 2032 y no tendría que volver a recurrir al tesoro público, según indica la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), a cargo del proyecto de reorganización.
La agencia detalló que en los últimos años las inyecciones de capital y garantías soberanas en favor de la compañía comprometieron recursos públicos por más de 17.000 millones de soles (unos 5.029 millones de dólares), un monto cercano al 1,5 % del producto interno bruto (PIB) del país.
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