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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.— Acción Empresarial por la Educación (Educa) alertó este miércoles que el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 99-25 de Presupuesto General del Estado para 2026 reduce en RD$2,000 millones el gasto educativo efectivo del Ministerio de Educación, aunque mantiene invariable el monto total consignado al capítulo presupuestario de esa institución.
Según una nota informativa, el análisis técnico realizado por Educa identifica que el Cuadro 2 del proyecto disminuye RD$2,000,000,000 al capítulo 0206, correspondiente al Ministerio de Educación, dentro de la categoría de gastos. Simultáneamente, el Cuadro 3 incorpora al mismo capítulo una cantidad idéntica bajo la categoría de aplicaciones financieras.
En consecuencia, el techo nominal del Minerd no cambia, pero sí se modifica la naturaleza y la capacidad de uso de esos recursos, ya que pasan de estar clasificados como gasto destinado a financiar bienes, servicios e intervenciones educativas para situarse a atender obligaciones u operaciones financieras.
«Quien observe únicamente el monto global asignado al Ministerio podría concluir que no existe reducción alguna. Sin embargo, cuando se examina su clasificación económica, se comprueba que RD$2,000 millones dejan de estar disponibles como gasto educativo efectivo», declaró Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de Educa, según señala una nota de prensa.
Explicó que esta distinción resulta fundamental porque las aplicaciones financieras se encuentran vinculadas a operaciones como la amortización de pasivos, la redención de títulos y otras transacciones financieras, y no a la producción directa de servicios públicos.
La directora ejecutiva recordó que el artículo 197 de la Ley General de Educación núm. 66-97 establece que el gasto público anual en educación debe alcanzar un mínimo equivalente al 16 % del gasto público total o al 4 % del producto interno bruto estimado, aplicándose el valor que resulte mayor.
«Según el análisis de Educa, la reclasificación propuesta no contribuye a cerrar la brecha existente respecto del financiamiento legal de la educación, sino que disminuye todavía más el gasto efectivo disponible», apuntó.
«Después de más de una década de aplicación del 4 %, el país no solo debe preguntarse cuánto asigna a la educación, sino cuánto aprendizaje, equidad y movilidad social obtiene de cada peso invertido. La respuesta a una gestión que debe mejorar no puede ser retirar recursos del aula, sino transformar la manera en que se planifican, ejecutan y evalúan», agregó Sosa Machado.
Del mismo modo, puso de relieve que la organización considera viable que las futuras decisiones presupuestarias estén condicionadas a un plan verificable de reforma de la gestión con metas, indicadores, responsabilidades institucionales y mecanismos periódicos de rendición de cuentas.
«Ese proceso, debe proteger especialmente las partidas de mayor valor pedagógico, entre ellas las destinadas a materiales educativos, acompañamiento docente, evaluación, innovación, mantenimiento de los centros y apoyos directos al aprendizaje», precisó.
«El dilema no debe plantearse entre asignar recursos o exigir resultados. El país necesita ambas cosas, preservar la inversión educativa y garantizar que cada peso se traduzca en mejores aprendizajes», concluyó la directora ejecutiva.
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