Sin que sea exclusiva responsabilidad de las honorables cámaras congresuales (que a veces quedan demasiado frenadas por las conflictividades políticas y de intereses sectoriales) lo cierto es que están desafiadas a superar cierto déficit propio de funcionalidad y de voluntad institucional para vencer obstáculos exógenos con una divisa: la República debe actualizarse legislativamente en nombre del interés nacional.
Así resultarían mejores intérpretes del sentir nacional y de mayor capacidad para superar estancamientos que privan al Estado de vitales herramientas y marcos legales. De ellas depende reemplazar los instrumentos que perduran por lenidades inducidas al poder por quienes cada cuatro años se disputan electoralmente la representación ciudadana en ellos. Intensos, unos contra otros, en subrayarse rotativamente las falencias que permanecen aunque los entes oficiales cambien de manos partidarias cíclicamente.
El pasivo legislativo debe ser vencido a satisfacción de los electores por ejecutorias parlamentarias computadas significativamente hasta ahora entre las más costosas en América Latina en relación con el tamaño de la economía dominicana. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) dice haber comprobado que el Congreso Nacional supera consistentemente el promedio regional de gastos; uno de los cuatro altos o muy altos en este vecindario de países.
En tabla de comparaciones, la República Dominicana figura destinando a los diputados y senadores, a sus respectivos medios operativos y en calidad de beneficios adicionales a sueldos, un costo por habitantes de US$13.00, superando en más de un 35% el promedio de América Latina y representando 10 veces el sueldo mínimo del sector privado más alto del país. Aparte del derecho que les asiste, y pueden transferir, de importar libres de impuestos y cada dos años vehículos de alta gama.
A esas facilidades extraordinarias y monetizables se atribuye, en alguna medida, la notable circulación por espacios públicos de modelos automotrices del más alto costo. Se trata de aranceles cero y de la eliminación de otras tasas que privan al escuálido fisco dominicano del “Impuesto Selectivo al Consumo” que permite aplicarle al importador un cobro equivalente al 80% del precio de lista del vehículo.
