Abogado Miguel Valerio.
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Valerio advirtió que el consenso alcanzado entre el Poder Ejecutivo y comunicadores de plataformas digitales y medios alternativos para modificar varios artículos del nuevo Código Penal contiene dos “graves errores” que podrían generar consecuencias jurídicas y sociales.
Explicó que el primero es una contradicción dentro del propio texto, ya que se acordó que no se considerarán difamación ni injuria las denuncias sobre corrupción, siempre que quien las haga cuente con pruebas o haya realizado una investigación exhaustiva.
Sin embargo, indicó que otro párrafo de este numeral establece que, si se produce algún perjuicio, la persona afectada solo podrá reclamar una indemnización por la vía civil, aspecto que no debe estar regulado en el Código Penal, sino ser conocido por un juez de la jurisdicción civil.
Durante una entrevista concedida en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el abogado explicó que una condena penal deja antecedentes y permite aplicar figuras como la reincidencia, lo que posibilita imponer sanciones más severas a quienes cometan este tipo de hechos de manera reiterada. En cambio, una condena civil solo obliga al pago de una indemnización.
(Ver programa).
En ese contexto, advirtió que si las consecuencias por difamación e injuria se limitan a una indemnización económica que podría fijarse años después, se incentivarán las denuncias falsas y se pondrá en riesgo la estabilidad social.
“En la práctica, muchos de los ataques que se les hacen a los funcionarios son otros funcionarios del mismo gobierno, un empresario inconforme o de la oposición. Si vamos a un juez civil, que en dos años me va a condenar a 500, un millón o dos millones de pesos y se acabó. Eso va a incentivar que haya más denuncia, pero también la estabilidad social. ¿Usted se imagina que al mismo tiempo se ataque a cinco funcionarios por hechos falsos de corrupción? Eso crea una crisis”, aseguró.
Por tanto, estimó que la difamación debe mantenerse como un delito penal para proteger el honor, pero planteó que los infractores primarios sean sancionados con multas y que la prisión quede reservada para los casos de reincidencia.
“Despenalizar la difamación e injuria es sacar del derecho penal un bien jurídico que se llama honor, que siempre ha estado”, insistió.
Aunque el jurista elogió el carácter del nuevo Código Penal y celebró la incorporación de tipos penales adaptados al siglo XXI, manifestó su desacuerdo con la sumatoria estricta de condenas de hasta 60 años de prisión, al entender que esta disposición choca de frente con el principio constitucional de la reinserción social, la cual debe ser el propósito del sistema y no la exclusión perpetua del individuo.
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