Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó este miércoles una acusación formal contra diez personas y cuatro empresas señaladas de integrar una red desmantelada en la Operación Lobo.
El órgano persecutor los acusa de distribuir más de 108 millones de pesos en sobornos para adjudicarse y mantener contratos de servicios de seguridad privada en varias instituciones del Estado.
La instancia fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, acompañada de la solicitud de apertura a juicio en contra de los encartados.
Entre los acusados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Ramón Quezada Ortiz, del Departamento de Seguridad de Edeeste; Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, ambos exencargados de Seguridad de Edenorte.
También fueron acusados Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Asimismo, el expediente penal incluye como personas jurídicas a las compañías Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling S.R.L.
Según el órgano persecutor, la estructura distribuyó sobornos por un total de RD$108,080,359 a los responsables de seguridad de las entidades estatales para garantizar la adjudicación, continuidad y ejecución de los contratos de vigilancia.
La investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución comenzó tras una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa Senase realizó los pagos ilícitos entre los años 2012 y 2025 mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo con el propósito de asegurar la permanencia de sus operaciones comerciales con el Estado.
La acusación sostiene que los funcionarios implicados recibían los fondos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar los trámites administrativos de cobro y evitar la fiscalización de los servicios prestados por las empresas beneficiadas.
Los encartados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos en el marco de la investigación iniciada el año pasado, la cual conllevó el arresto de militares y civiles.
