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EL NUEVO DIARIO,SANTIAGO.-El abogado Miguel Valdemar Díaz Salazar advirtió que varias disposiciones incluidas en la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, podrían representar una amenaza para la libertad de expresión al endurecer las sanciones relacionadas con contenidos difundidos en medios de comunicación y plataformas digitales.
Díaz Salazar explicó que, durante la revisión del anteproyecto del Código Penal, las disposiciones que hoy generan preocupación no figuraban en el texto que era objeto de discusión pública, por lo que su inclusión en la versión finalmente aprobada sorprendió a diversos sectores.
El jurista señaló que el nuevo marco legal contempla tipos penales que elevan significativamente las sanciones, pasando de penas de hasta tres meses a condenas que podrían alcanzar los diez años de prisión. Afirmó que, al combinarse con otros artículos incorporados en la legislación, una persona podría enfrentar penas de hasta veinte años de cárcel por la difusión de determinados contenidos.
Como ejemplo, mencionó publicaciones en redes sociales, videos, clips o memes que incluyan expresiones consideradas ofensivas, como calificar a una persona de «ladrón» o «ineficiente». Según indicó, la interpretación conjunta de varios artículos podría derivar en consecuencias penales desproporcionadas para creadores de contenido, comunicadores y ciudadanos.
El abogado citó el caso de los contenidos satíricos y de crítica social elaborados por plataformas digitales, indicando que, bajo una aplicación estricta del nuevo Código Penal, este tipo de publicaciones podrían exponer a sus autores a procesos penales con sanciones severas.
No obstante, Díaz Salazar reconoció que el ejercicio de la libertad de expresión no es un derecho absoluto y admitió que existen personas que utilizan las redes sociales y otros medios digitales para difundir informaciones falsas o afectar la reputación de terceros.
Sin embargo, recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los delitos relacionados con la expresión y la opinión deben orientarse hacia la despenalización, privilegiando mecanismos menos restrictivos que las penas privativas de libertad para proteger el debate público y la libertad de información.
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