El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia abrió este miércoles una investigación al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña para las elecciones locales de 2023, a raíz de una denuncia presentada por el concejal Angelo Schiavenato.
Según el CNE, el concejal Schiavenato, de la coalición LARA, fundada por Rodrigo Lara, quien en estos días fue anunciado por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, como su futuro ministro del Interior, cuestiona posibles vulneraciones a la ley sobre financiación de campañas políticas.
El concejal sostiene que aportes realizados por empresas del Grupo Bolívar, sumados a una contribución de Mercantil Colpatria —entidad que posteriormente se fusionó con Davivienda, perteneciente al Grupo Bolívar—, superaron el límite del 2 % de gastos de campaña permitido a un mismo aportante o grupo empresarial.
Tras conocerse la decisión, Galán publicó un comunicado en el que aseguró que durante la campaña de 2023 cumplió «con los topes y límites para las donaciones» y afirmó que toda la información sobre los aportes «es pública y está disponible en el aplicativo Cuentas Claras«.
En el formulario de rendición de cuentas, la campaña informó de ingresos por 4.698 millones de pesos (unos 1,42 millones de dólares), de los cuales 4.618 millones de pesos (unos 1,39 millones de dólares) correspondieron a contribuciones, donaciones y créditos de particulares, así como gastos por 4.590 millones de pesos (unos 1,38 millones de dólares).
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El alcalde agregó que, desde el inicio de su administración, ha instruido a todas las entidades del Distrito para cumplir «con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas de financiación electoral».
Un proceso similar comenzó con una denuncia en el caso de la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022, en el que el CNE concluyó que hubo violaciones a los topes de financiación y, en abril pasado, sancionó al entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa; a la extesorera Lucy Aydee Mogollón, y a la auditora María Lucy Soto Caro.
Según el organismo electoral, las irregularidades incluyeron la omisión en el reporte de aportes y la superación de los topes de gasto establecidos por la ley electoral por más de 3.500 millones de pesos (unos 900.000 dólares).
