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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Wandy Batista, aseguró este martes que el proceso de revisión de las observaciones formuladas al nuevo Código Penal no obedece a presiones sociales, sino al compromiso del Congreso de escuchar a los distintos sectores.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras la reunión sostenida por los miembros de la comisión, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunciara la apertura de un proceso para analizar las propuestas presentadas por gremios, organizaciones y otros actores sobre la nueva legislación.

«Nosotros no estamos actuando por presión social. Nosotros estamos actuando por el deber que tenemos de escuchar», expresó Batista, al rechazar que la revisión sea consecuencia de las críticas surgidas de algunos sectores que señalan que el nuevo marco jurídico contiene aspectos que entran en contradicción con la Constitución.

El legislador expresó, además, que personalmente mantiene inconformidades con algunos aspectos del texto, aunque recordó que el contenido final de una ley responde a la decisión mayoritaria del pleno legislativo.

«Yo mismo estoy inconforme con algunas cosas de cómo quedó el código. Lo que pasa es que no todas las opiniones de todos los diputados pueden ser vertidas en el resultado final, porque ese resultado depende del voto de la mayoría», subrayó.

Batista explicó que los temas analizados durante la reunión aún no representan una decisión definitiva, ya que cualquier modificación deberá ser conocida por la comisión correspondiente y posteriormente sometida al pleno de la Cámara Baja para su aprobación.

«Lo que nosotros podemos estar estudiando en el día de hoy no necesariamente es cómo va a quedar. Eso tiene que ser sometido primero a la comisión que corresponda y, segundo, al pleno de los diputados. Ahí se tomará la decisión final», puntualizó.

Esta reunión celebrada horas después del anuncio hecho por Pacheco forma parte del proceso de consultas abierto por la Cámara de Diputados para evaluar las observaciones planteadas por diversos sectores al nuevo Código Penal, entre ellas las relacionadas con el ejercicio médico y las disposiciones sobre libertad de expresión.


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