Una operación policial en Hong Kong se saldó con 125 detenidos por su presunta relación con una red vinculada a las tríadas que controlaba, mediante amenazas y coacción, el suministro de comida en obras de construcción, en otro caso que apunta a la persistencia del crimen organizado en el sector.
Las Fuerzas de Seguridad informaron de que esta estructura criminal había consolidado un lucrativo monopolio de facto sobre la distribución diaria de almuerzos en diversos emplazamientos de Kowloon.
Para asegurar su dominio territorial sobre estas parcelas en desarrollo, la red expulsaba sistemáticamente a cualquier competidor o vendedor independiente mediante una escalada de violencia que incluía amenazas verbales, intimidación física, graves daños a la maquinaria y a la propiedad e, incluso, la provocación de incendios.
Según informó el lunes el diario hongkonés South China Morning Post, el operativo policial, que requirió meses de labores de inteligencia, se saldó con la captura del presunto cabecilla de la facción mafiosa, tres de sus principales lugartenientes y decenas de empleados que operaban sobre el terreno.
Los investigadores imputan a la cúpula y a sus subalternos un amplio abanico de delitos, entre los que destacan la pertenencia a organización criminal, extorsión continuada, intimidación o blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas, así como la explotación de restaurantes sin licencia sanitaria y gestión de locales de juego clandestino.
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Las autoridades calculan que la organización criminal imponía y distribuía diariamente unos 800 menús a los obreros por un precio de 50 dólares hongkoneses por unidad (6,3 dólares).
Este mercado cautivo y coaccionado generaba una facturación anual sostenida cercana a los 12 millones de dólares hongkoneses (1,5 millones de dólares), garantizando a sus proveedores una fuente de liquidez estable que diversificaba sus vías de financiación más allá de los mercados ilícitos tradicionales.
Este nuevo golpe policial encaja en un patrón delictivo documentado por unidades antiextorsión en nuevas zonas de expansión urbana de la metrópoli, donde el uso de la fuerza busca blindar servicios cotidianos.
La última intervención también agrava la preocupación institucional evidenciada el pasado marzo, cuando una macrooperación conjunta de la Policía y la Comisión Independiente contra la Corrupción destapó una sofisticada trama de sobornos diseñada para corromper y monopolizar contratos de mantenimiento en edificios residenciales, operando en connivencia con locales de juego.
Las pesquisas revelaron entonces cómo una consultora lograba obtener adjudicaciones ofertando honorarios bajos de entrada. Posteriormente, subcontrataba a intermediarios vinculados a estas mafias, encargados de manipular por la fuerza las licitaciones públicas.
La magnitud del asedio quedó patente al comprobarse que uno de los proyectos amañados superaba los 160 millones de dólares hongkoneses (20,4 millones de dólares), mientras que otra licitación se adjudicó por 20 millones de dólares hongkoneses (2,5 millones de dólares).
