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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Legisladores de la oposición y del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) coincidieron este viernes en que las nuevas medidas tributarias y el incremento en algunos costos de servicios tendrán un impacto directo en el bolsillo de los dominicanos, al tiempo que reclamaron al Gobierno abrir un diálogo con los sectores afectados.

El diputado del Fuerza del Pueblo, Heriberto Aracena calificó las recientes disposiciones como «medidas antipobres», al asegurar que contradicen la promesa del Gobierno de no afectar la economía familiar.

Aracena criticó el incremento en el precio de los combustibles, señalando que representa una carga adicional para la población y cuestionó que pese a la caída del precio internacional del petróleo continúen con precios congelados.

También censuró el aumento de la tasa por salida aérea, afirmando que encarece los viajes de las familias dominicanas.

De su lado, el también representante del partido verde, José David Báez sostuvo que esa organización había advertido sobre las consecuencias de impulsar medidas tributarias sin consenso ni planificación.

Báez afirmó que las nuevas disposiciones obligarán a muchos ciudadanos a utilizar más dinero en efectivo, lo que podría incrementar los niveles de inseguridad ciudadana.

Asimismo, consideró que el Gobierno enfrenta las consecuencias de no escuchar a la población y a los distintos sectores sociales antes de aprobar las medidas.

Mientras, la diputada del PRM, Soraya Suárez reconoció que las nuevas cargas económicas afectarán a quienes utilizan con frecuencia los servicios bancarios.

La legisladora consideró que las autoridades deben revisar las medidas y abrir una mesa de diálogo con los sectores involucrados, advirtiendo que decisiones como la posible eliminación de facilidades de pago electrónico en estaciones de combustibles generarían mayores dificultades para la población.

Estas declaraciones se producen en medio del creciente rechazo de distintos sectores a las nuevas disposiciones fiscales y financieras, mientras aumentan los llamados para que el Gobierno reconsidere las medidas y busque soluciones mediante el consenso.


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