SANTO DOMINGO.- El juez del Tribunal Constitucional, Alejandro Vargas, afirmó que si bien la libertad de información y la libre expresión constituyen los cimientos del sistema democrático, estos derechos no son absolutos y encuentran sus límites en las garantías constitucionales a la intimidad, el honor y el buen nombre de los ciudadanos.
El magistrado explicó que, ante la existencia de conflictos jurídicos entre el derecho a informar y la protección de la dignidad humana, los jueces recurren a la teoría de la ponderación. Este método legal permite colocar ambas garantías en una balanza jurídica para determinar, en función de cada caso concreto y dependiendo de la investidura de la persona afectada, cuál derecho debe prevalecer.
Respecto a la legislación que regula la libre difusión del pensamiento, Vargas recordó que el Tribunal Constitucional sentó un precedente definitivo al suprimir la histórica responsabilidad penal en cascada.
Bajo este criterio, un tercero, como un director de prensa o propietario de un medio, ya no es penalmente responsable por las declaraciones u opiniones emitidas por un periodista subordinado.
Al ser consultado sobre la vigencia de la criminalización de los delitos de prensa en el marco legal dominicano, el juez constitucional señaló que dicha reforma requiere un debate profundo y consensuado entre el Poder Legislativo, los gremios de comunicación y los propietarios de medios.
Finalmente, el magistrado hizo un llamado a fortalecer la profesionalización del ejercicio periodístico. Subrayó que todo comunicador tiene la obligación ética y técnica de contrastar sus fuentes de información y otorgar de manera oportuna el derecho a réplica a cualquier persona que pueda resultar afectada por una difusión pública.
