Guayaquil (Ecuador) – El equipo legal de la familia de la activista polaca Monika Silva, asesinada en Ecuador a inicios de junio, solicitó a la Fiscalía que llame a rendir versión al ministro del Interior del país andino, John Reimberg, quien, un día después de que se halló el cuerpo sin vida de la mujer, dijo que se presumía que se había suicidado.
El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (Cepam) de Guayaquil y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organizaciones que asumieron la defensa del caso, reiteraron —en un comunicado— que, de acuerdo con la autopsia, ella fue asesinada, por lo que pedían que Reimberg rindiera su versión sobre las declaraciones que dio acerca de la muerte.
Pedido para que declare John Reimberg
El ministro dijo el pasado 9 de junio que, aunque no tenían los resultados de la autopsia, se presumía que se había suicidado, pues supuestamente habían encontrado en su casa «indicios necesarios para llegar a esa determinación».
Al ser cuestionado por esas declaraciones, Reimberg aseguró —el pasado martes— que él se había basado en un informe policial que recibió sobre la «escena que encontraron» los agentes en la vivienda de Silva, el 8 de junio, y en una versión que había dado la pareja de la mujer.
Diligencias y pruebas solicitadas
Las organizaciones también pidieron a la Fiscalía que se recepten versiones de personas del entorno cercano de la activista y de quienes Silva mencionó en sus denuncias, incluidas aquellas referidas a amenazas, así como a investigaciones ciudadanas y señalamientos formulados por ella en el ejercicio de sus actividades de fiscalización y defensa de derechos.
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Además, la defensa solicitó que se recopile e incorpore formalmente al expediente «todas las publicaciones, investigaciones, videos, transmisiones en vivo, denuncias administrativas y judiciales, acciones de veeduría y demás material producido» por la víctima.
El cuerpo de Silva fue encontrado en su vivienda de la localidad de Montañita, en la provincia costera de Santa Elena, y su muerte causó conmoción debido a las denuncias que había realizado sobre casos de presunta corrupción en esa zona.
La Delegación de la Unión Europea (UE) y la Embajada de Polonia en Perú, acreditada también para Ecuador, solicitaron a las autoridades que el caso sea investigado de manera rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar que se asuman responsabilidades de acuerdo a ley.
Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a incluir, entre las líneas de la investigación, una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción.
