San José, 25 jun (EFE).- Nicaragua fue clasificada como uno de los nueve países en el mundo, junto a Rusia, Irán y Libia, donde existe un riesgo «muy alto» de sufrir tortura, según el índice anual que publica la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), advirtió este jueves una ONG humanitaria nicaragüense.
Esta clasificación refleja la existencia de violaciones sistemáticas de la prohibición de la tortura y la debilidad de los mecanismos destinados a prevenir los abusos y proteger a las víctimas», alertó en una declaración la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua.
Ese organismo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica, sostuvo que desde abril de 2018, cuando estallaron unas protestas sociales en Nicaragua que fueron neutralizadas a la fuerza, «víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos han documentado casos de tortura, malos tratos y abusos» en el país centroamericano.
Testimonios y métodos de tortura documentados
El Colectivo ha documentado más de 250 testimonios asociados con al menos 40 métodos de tortura y malos tratos, incluyendo violencia sexual, descargas eléctricas y aislamiento prolongado, principalmente en centros de detención como ‘El Chipote‘ y ‘La Modelo‘.
Para esa ONG, que las víctimas denuncien las torturas «es esencial para romper el silencio, combatir la impunidad y respaldar la exigencia de verdad, justicia y reparación».
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Según el índice de la OMCT, el peligro de sufrir tortura es «muy alto» en nueve países del mundo: Afganistán, Bielorrusia, Baréin, El Salvador, Etiopía, Irán, Libia, Nicaragua y Rusia.
La situación en Nicaragua, según ese informe, demuestra un patrón grave y sistemático de tortura que se intensificó tras la represión de abril de 2018.
Señalamientos internacionales y cifras de la represión
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua concluyó que las autoridades han cometido crímenes de lesa humanidad y, en 2025, identificó a 54 funcionarios en una cadena de mando responsable.
Al menos 46 presos políticos permanecían detenidos hasta mayo de 2026; al menos ocho han muerto bajo custodia desde 2019, según el índice de la OMCT.
Además, más de 5.600 organizaciones civiles han sido canceladas y 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad.
El informe recordó que el Estado de Nicaragua rechazó el examen del Comité contra la Tortura en 2022 y que no ha implementado ninguna de sus recomendaciones.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».
