Santo Domingo. – Un tribunal ordenó la entrega al Estado dominicano de tres vehículos utilizados para el transporte de cigarrillos de contrabando en la provincia La Vega, en lo que constituye la primera sentencia de extinción de dominio dictada en el país desde la entrada en vigencia de la Ley 340-22.
La decisión fue emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, tras acoger una solicitud presentada por el Ministerio Público a través de la Unidad de Extinción de Dominio y la Procuraduría Regional de esa provincia.
Durante el proceso, el órgano acusador sostuvo que los vehículos eran empleados para actividades vinculadas al comercio ilícito, argumento que fue acogido por el tribunal al disponer el traspaso definitivo de los bienes al patrimonio estatal.
Vehículos decomisados pasarán al patrimonio estatal
La sentencia afecta dos camiones de las marcas Mack y Eicher, modelos MS300P y PRO3008G, así como un minibús Toyota Town Ace, año 2019.
Los vehículos fueron ocupados el 4 de julio de 2025 en la comunidad La Penda, provincia La Vega, durante un operativo realizado por la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito del Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), cuando presuntamente eran utilizados para transportar cigarrillos introducidos ilegalmente al país.
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Primer precedente de la Ley 340-22
La decisión representa el primer precedente judicial de aplicación de la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio, normativa que permite al Estado recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas, independientemente de la existencia de una condena penal contra sus propietarios.
La legislación establece que pueden ser objeto de extinción de dominio los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas o utilizados para la comisión de delitos, incluyendo aquellos relacionados con estructuras de crimen organizado y redes de comercio ilegal.
Con este fallo, el Estado dominicano incorpora a su patrimonio los primeros bienes transferidos mediante el mecanismo de extinción de dominio creado por la referida ley.
