SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Procuraduría Fiscal de Santiago depositaron formalmente ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial la solicitud de medida de coerción en contra de los integrantes de la presunta red de corrupción desmantelada mediante la «Operación Onco14».
De acuerdo con la instancia presentada por el Ministerio Público, los imputados enfrentan cargos provisionales por desfalco, lavado de activos, falsificación de recetas médicas, alteración de dosis de quimioterapia en perjuicio de los afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y sabotaje informático. La investigación detalla que el entramado distrajo de manera sistemática la suma de RD$148,660,116.70 entre los años 2018 y 2025.
Debido a la gravedad de los hechos, la pluralidad de los encartados y la gran cantidad de evidencias recopiladas, el órgano persecutor ha solicitado de manera simultánea la declaratoria de tramitación compleja para este proceso.
La solicitud de medida coercitiva recae de manera directa sobre el ex presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Inc., Héctor Antonio Lora Cruceta; su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez; y su actual pareja, Luisa Yasiris Guzmán de Lora.
De igual forma, el requerimiento judicial incluye a las entidades jurídicas Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD, señaladas como los vehículos societarios utilizados para el blanqueo del capital desviado.
Para sustentar la petición de medidas coercitivas, las autoridades fiscales han aportado un robusto pliego de pruebas documentales, periciales y financieras que demuestran el peligro de fuga, la posibilidad de ocultamiento de bienes y el riesgo de destrucción de evidencias. Esto último se fundamenta en el sabotaje total que los imputados realizaron al sistema informático de la institución con el fin de borrar los registros contables al inicio de las pesquisas.
En las próximas horas, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago fijará la fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que se conocerá la medida de coerción y se decidirá sobre la declaración de complejidad del caso.
