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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mientras médicos y expertos en derecho advierten que el nuevo Código Penal incorpora disposiciones que podrían afectar el ejercicio profesional de la medicina y que ameritan revisión, legisladores que respaldaron la normativa reiteraron su disposición de realizar los ajustes necesarios si alguna de sus disposiciones es declarada inconstitucional o requiere modificaciones.
El debate en torno al nuevo Código Penal, que entra en vigencia este próximo mes de agosto, se ha intensificado tras las preocupaciones expresadas por representantes del sector médico y jurídico, quienes alertaron sobre la inclusión de nuevas figuras penales que podrían generar implicaciones directas para los profesionales de la salud.
El abogado Amadeo Peralta, explicó que el nuevo marco jurídico contiene cerca de 18 artículos vinculados al ejercicio médico, varios de ellos relacionados con conductas que ahora reciben sanciones penales más severas o que constituyen nuevos tipos delictivos.
Entre estas disposiciones figuran el aborto en sus distintas modalidades, la expedición de certificados médicos falsos, la inducción o ayuda al suicidio, la mala práctica médica cuando derive en lesiones o muerte por imprudencia grave, la divulgación de información confidencial de pacientes y la realización de experimentos biomédicos sin consentimiento.
Asimismo, el Código incorpora un capítulo sobre estudios genéticos y reproducción asistida, que penaliza la manipulación genética con fines no autorizados, la fecundación de óvulos o embriones para fines distintos a la procreación y la reproducción asistida realizada sin consentimiento.
Peralta señaló que la profesión médica no se encuentra en peligro por la entrada en vigencia de la nueva normativa, pero consideró necesario que los galenos conozcan a profundidad las nuevas disposiciones para evitar conflictos legales.
«La profesión de la medicina yo no creo que se encuentre en peligro con este código, pero si los médicos deben prestarle atención y leerlo», sostuvo.
En tanto, el juez de Apelación de Santo Domingo, Alexis Gómez, señaló que el temor a enfrentar sanciones penales, penas de prisión y procesos judiciales por presuntas negligencias o malas prácticas podría llevar a los profesionales de la salud a aumentar sus honorarios y adoptar medidas preventivas que terminarían impactando el bolsillo de los ciudadanos.
Asimismo, planteó que los errores médicos no intencionales deberían ser conocidos en la jurisdicción civil mediante reclamaciones de indemnización, en lugar de ser objeto de procesos penales.
Entre los artículos que generan inquietud en la clase médica citó los artículos 8, 12, 112 y 354 del nuevo Código Penal, los cuales establecen responsabilidades por omisión, el deber de garantía del médico y la posible responsabilidad de clínicas y hospitales por actos de imprudencia o negligencia cometidos por profesionales de la salud.
Las observaciones han motivado que el Colegio Médico Dominicano (CMD) anuncie acciones ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunos artículos que considera lesivos para el ejercicio profesional.
Frente a estos cuestionamientos y advertencia, legisladores defendieron el contenido de la pieza, aunque reconocieron que cualquier aspecto que resulte incompatible con la Constitución puede ser corregido.
El senador del partido Fuerza del Pueblo, Edward Espiritusanto, afirmó que desde el inicio de la discusión legislativa se contempló la posibilidad de introducir modificaciones futuras en caso de detectarse irregularidades.
“Cualquier irregularidad o inconstitucionalidad puede corregirse más adelante. El Colegio Médico y los abogados tienen todo el derecho de acudir al Tribunal Constitucional y, si se determina que esos artículos son inconstitucionales, nosotros estamos dispuestos a corregir cualquier disposición que resulte contraria a la Constitución”, expresó.
En esa misma línea se pronunció el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, subrayó que el espacio de un año que se estableció en el nuevo marco jurídico ante de su entrada en vigencia fue precisamente para escuchar y analizar las observaciones que pudieran surgir de los distintos sectores.
Sobre los cuestionamientos de que el CMD no se incluyó en los debates de la Ley, Cedeño consideró tardíos al recordar que el proyecto permaneció por más de 20 años en discusión en el Congreso Nacional.
Mientras continúan las críticas y los anuncios de recursos ante el Tribunal Constitucional, el Congreso insiste en que el nuevo marco jurídico puede ser perfeccionado mediante reformas posteriores o a partir de las decisiones que adopte la Alta Corte.
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