Loyda Peña

Héctor Antonio Lora Cruceta fue designado presidente de la Junta Directiva y del Patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) el 9 de octubre del 2018, por un período de solo dos años. Sin embargo, permaneció ilegalmente por siete, y hubo que utilizar la fuerza pública para sacarlo de la institución, 

Intentos para quedarse en el “nido”

Ante la resistencia de Lora Cruceta a abandonar el cargo y tras su permanencia de cinco años ilegales, el 6 de octubre del 2025, de conformidad con los estatutos del Patronato, se convocó una Asamblea General Extraordinaria en la que, a unanimidad, se eligió una nueva Junta Directiva encabezada por el doctor Iván Alexis Mercader Mateo.

No obstante, el hoy imputado de liderar una red que habría desviado millones de pesos destinados a pacientes de escasos recursos que padecen cáncer, interpuso una serie de recursos que dilataron su salida del IORC, hasta que él y sus demás cómplices de la directiva que presidió fueran arrestados durante la Operación Oncol4 y sometidos a la justicia.

Traban embargo de valores del Patronato

Alegando una supuesta representación de la entidad que ya no ostentaban, Lora Cruceta, su exesposa Dilcia Vargas Sánchez, Thelma Sadi Rodríguez Báez y Yanet Rodríguez, quienes también eran miembros del Patronato, interpusieron el 23 de octubre del 2025 una demanda en nulidad de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 6 de octubre.

El día 30 del mismo mes incoaron una demanda civil de referimiento en suspensión de dicha asamblea, solicitando además la designación de un secuestro judicial.

Asimismo, el 7 de noviembre, mediante acto de alguacil, procedieron a trabas de oposición a la entrega de valores del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer ante entidades financieras como los bancos BHD y de Reservas, la Cooperativa La Altagracia, así como ante cualquier otra institución o personas, afectando gravemente el normal funcionamiento de la entidad creada sin fines de lucro.

Fue el 15 de octubre del 2025 cuando, finalmente, ante la negativa del imputado Lora Cruceta y de los miembros de su directiva a desalojar las instalaciones del Patronato, se hizo necesario requerir el auxilio de la fuerza pública a los fines de proceder a su expulsión material de dichas instalaciones.

De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción contra la red liderada por Lora Cruceta, “esta actuación resultó indispensable, toda vez que el imputado y los demás miembros de su directiva habían impedido, hasta ese momento, la instalación de la Junta Directiva legítimamente electa el 6 de octubre de 2025, integrada por los señores Dr. Iván Alexis Mercader Mateo, Dra. Naly Antonia Cruz Ventura, Nicolás Edmundo de Jesús Guillén Guzmán, Edilma Inés Rodríguez Vargas y Radhamés José Rosado Sánchez”.

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