Más de 150 kilos de carne fueron decomisados durante un operativo realizado en Villa San Nicolás, en el departamento Santa María, provincia de Córdoba, como parte de una investigación relacionada con presuntas actividades de faena clandestina y comercialización irregular de productos cárnicos.
El procedimiento fue llevado adelante por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, en conjunto con efectivos de la Patrulla Rural.
El procedimiento fue llevado adelante por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, en conjunto con efectivos de la Patrulla Rural.
Denuncias y falta de habilitación
La intervención se originó tras una serie de denuncias que alertaban sobre posibles irregularidades en establecimientos dedicados al procesamiento y venta de carne. Durante las inspecciones, los agentes constataron que los locales operaban sin las habilitaciones correspondientes y no cumplían con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la normativa vigente para este tipo de actividades.
Según informaron las autoridades, los establecimientos inspeccionados carecían de documentación que acreditara controles sanitarios sobre los productos comercializados. Además, se detectaron diversas deficiencias relacionadas con la infraestructura y los procedimientos de manipulación de alimentos, factores que podrían representar un riesgo para la salud de los consumidores.
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Ante estas irregularidades, los inspectores procedieron al decomiso de más de 150 kilos de carne y dispusieron el cese inmediato de las actividades desarrolladas en el lugar. También fueron secuestrados distintos elementos utilizados, presuntamente, para llevar adelante la faena clandestina, mientras se iniciaban las actuaciones administrativas correspondientes.
- Las acciones se realizaron en el marco de varias normativas provinciales destinadas a garantizar la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los productos de origen animal.
Entre ellas se encuentran la Ley Nº 10.326, vinculada al Código de Convivencia; la Ley Nº 6.974, que regula la producción y comercialización de carne; y la Ley Nº 5.542, relacionada con la identificación y control del ganado.
Estas disposiciones facultan a las autoridades provinciales para realizar inspecciones, clausuras y decomisos cuando se detectan actividades ilegales vinculadas con la producción, transporte o venta de carne. El objetivo principal es proteger la salud pública y evitar la circulación de alimentos que no hayan sido sometidos a los controles sanitarios correspondientes.
Destino de la carne decomisada
La carne incautada fue trasladada a un frigorífico habilitado, donde será destruida bajo supervisión oficial. Las autoridades explicaron que este procedimiento es necesario para evitar que productos de origen desconocido o sin certificaciones sanitarias lleguen al mercado y sean consumidos por la población.
Uno de los principales riesgos asociados a la faena clandestina es la propagación de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse de los animales a las personas. Entre las más conocidas figuran la triquinosis y la brucelosis, patologías que pueden generar graves consecuencias para la salud cuando los alimentos no son sometidos a controles adecuados.
Desde el Ministerio de Bioagroindustria recordaron que toda carne destinada al consumo humano debe provenir de establecimientos habilitados y cumplir con estrictos protocolos de elaboración, conservación y trazabilidad. Asimismo, instaron a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas y a verificar siempre el origen de los productos que adquieren.
Este operativo se suma a otros procedimientos similares realizados recientemente en distintos puntos de Córdoba, donde las autoridades buscan reforzar los controles para combatir la faena clandestina, garantizar la seguridad alimentaria y proteger tanto a los consumidores como a los productores que desarrollan su actividad dentro del marco legal vigente.
Las autoridades destacaron que este tipo de operativos busca proteger la salud de los consumidores y combatir “la comercialización ilegal de alimentos sin controles sanitarios”.
