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EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO RODRÍGUEZ.-El alcalde pedáneo de la comunidad Cabirma Arriba, Darío de los Santos Rodríguez Gómez, denunció un presunto intento de desalojo que, según afirmó, afecta a cientos de familias campesinas asentadas desde hace décadas en terrenos ubicados en distintas comunidades de la provincia Santiago Rodríguez.
Durante una actividad celebrada el pasado domingo junto a residentes y representantes de organizaciones sociales, Rodríguez Gómez expresó su preocupación por la situación que, asegura, amenaza la permanencia de comunidades que han habitado y trabajado esas tierras por más de un siglo.
“Dios nos hizo del polvo de la tierra y tenemos que regresar a ella, pero nos dejó ese terroncito de tierra para que todos viviéramos en ella. Ahora ha aparecido un grupo de personas que quiere adueñarse de nuestros terrenos”, manifestó el alcalde pedáneo.
El dirigente comunitario sostuvo que las familias afectadas han permanecido en la zona por generaciones y consideró que debe existir un mecanismo legal que garantice la protección de quienes han ocupado y cultivado esas tierras durante tantos años.
Asimismo, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que intervenga en el conflicto y promueva un proceso de titulación que otorgue seguridad jurídica a los residentes.
“Le pedimos al presidente que nos ayude con la titulación de los terrenos donde vivimos y trabajamos. Somos familias que tenemos décadas produciendo en estas tierras”, expresó.
Durante sus declaraciones, Rodríguez Gómez afirmó que los comunitarios señalan como presuntos responsables de las reclamaciones sobre los terrenos al exdiputado Alejandro Jerez Espinal y a intereses vinculados a una empresa minera. Sin embargo, no presentó documentación que sustentara esas acusaciones.
Según explicó, los reclamantes alegan poseer títulos de propiedad sobre los terrenos, aunque los campesinos cuestionan la validez de dichos documentos.
El alcalde pedáneo, quien dijo pertenecer a la organización Unión Serrana, aseguró que continuará respaldando las demandas de los residentes y expresó preocupación por la posibilidad de que proyectos mineros sean desarrollados en la zona.
“Si llega una compañía minera a explotar la cordillera, miles de seres vivos aguas abajo podrían verse afectados por el uso de sustancias utilizadas en esa actividad”, advirtió.
De acuerdo con los denunciantes, los terrenos en disputa abarcan las comunidades de Cabirma Abajo, Cabirma al Medio, Cabirma Arriba, Cenoví, Palero, Loma de Cana, Los Auquelles, La Sidra, Coquí y El Aguacate de Toma, entre otras localidades de la provincia.
Hasta el momento, las personas y entidades mencionadas por los comunitarios no han ofrecido una versión pública sobre los señalamientos.
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