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Los aficionados de los New York Knicks que viven fuera del área de San Antonio y que soñaban con ver a su equipo acercarse a su primer título desde 1973 se toparon con serias dificultades para comprar entradas del quinto partido de las Finales de la NBA. Sin embargo, esas restricciones no eran del todo nuevas para situaciones similares.

Un aviso publicado en Ticketmaster indicaba que las entradas estaban limitadas a compradores que vivieran dentro de un radio de 240 kilómetros del Frost Bank Center, y que la elegibilidad se determinaba según la dirección de facturación de la tarjeta. Además, se advertía que los pedidos de personas fuera de ese perímetro podrían ser cancelados y reembolsados.

Más tarde, Madison Square Garden Sports Corp. contradijo esa posibilidad, asegurando en un comunicado que, tras consultar con los San Antonio Spurs, ninguna entrada sería anulada y todos los aficionados con boletos válidos podrían asistir al partido.

Ticketmaster también salió a aclarar la situación en redes sociales, afirmando que no se habían cancelado entradas ni se cancelaría ninguna ya comprada, y que las restricciones solo aplicaban al momento de la venta. En otras palabras, quienes lograron adquirir entradas legítimamente podrán entrar al estadio sin problemas.

Por su parte, los Spurs defendieron la política como una práctica habitual en la NBA durante los playoffs, explicando que el límite de 240 kilómetros sigue vigente para priorizar a los aficionados locales de San Antonio, Austin y zonas cercanas, algo que, según el equipo, se ha comunicado durante toda la postemporada.

Aunque estas restricciones no afectan al mercado secundario, lo que aún permite a seguidores de los Knicks conseguir boletos, la medida generó controversia. La serie ya había mostrado situaciones similares en rondas anteriores, donde los fans neoyorquinos aun así lograron llenar otros estadios como visitantes.

La reacción política no tardó en llegar desde Nueva York. La fiscal general Letitia James criticó la política y pidió su eliminación, mientras que la gobernadora Kathy Hochul también expresó su indignación, argumentando que muchos aficionados habían hecho planes de viaje y compra de buena fe, y exigiendo que se respetaran las entradas ya adquiridas.

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