Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social (UNTC). Foto/fuente externa
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SANTO DOMINGO. – La Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social (UNTC) expresa este jueves su más enérgico rechazo a cualquier iniciativa legislativa o normativa que pretenda restringir la libertad de expresión, la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo en la República Dominicana.
La Constitución de la República, en su artículo 49, garantiza el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, prohibiendo la censura previa y reconociendo el papel esencial de los medios de comunicación en una sociedad democrática, dijo el gremio en una nota.
También recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido importantes precedentes en defensa de estos derechos fundamentales.
Las sentencias TC/0075/16 y TC/0092/19 reafirman la necesidad de proteger la libertad de expresión frente a disposiciones legales desproporcionadas o que puedan generar efectos inhibidores sobre el ejercicio periodístico y la participación ciudadana, añadió la UNTC.
La UNTC reconoce que toda libertad conlleva responsabilidades y que el ejercicio del periodismo debe realizarse con apego a la ética profesional, el respeto a la dignidad humana, el derecho al honor, la intimidad y la presunción de inocencia.
«Sin embargo», estimó el gremio», entendemos que la imposición de sanciones excesivas o mecanismos que puedan interpretarse como una “ley mordaza” representa un grave riesgo para el debate democrático, la fiscalización de los poderes públicos y el derecho de los ciudadanos a recibir información oportuna y veraz».
Dijo que al sector le preocupan las posibles limitaciones al ejercicio libre del periodismo investigativo; el riesgo de autocensura por temor a sanciones penales o económicas desproporcionadas, así como restricciones al debate público y a la denuncia de hechos de interés general.
La UNTC hace un llamado al Gobierno dominicano, al Congreso Nacional, a los sectores sociales, académicos, jurídicos y a las organizaciones de periodistas y comunicadores para abrir un diálogo amplio, participativo y transparente que garantice un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la preservación de la libertad de expresión, piedra angular de toda democracia.
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