La República Dominicana logró reducir la tasa de homicidios a 8.7 por cada 100,000 habitantes en 2025, uno de los niveles más bajos registrados en décadas. Sin embargo, mientras la atención pública se concentra en la lucha contra la delincuencia, una amenaza mucho más letal continúa cobrando vidas en las carreteras y calles del país.
Los accidentes de tránsito provocaron el año pasado más del doble de muertes que los homicidios. En términos estadísticos, hoy un dominicano tiene una probabilidad considerablemente mayor de perder la vida en una vía pública que de ser víctima de un crimen violento.
De acuerdo con la validación definitiva del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CadseciI), durante 2025 se registraron 951 homicidios intencionales. En contraste, cifras del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) reportan alrededor de 2,213 fallecidos por accidentes de tránsito, equivalentes a una tasa de 20 muertes por cada 100,000 habitantes.
Más preocupante aún es que aproximadamente 1,445 de esas víctimas estuvieron vinculadas a accidentes en los que participaron motocicletas, lo que representa cerca del 65 % de todas las muertes viales.
Las estadísticas, de acuerdo a las muertes en cada tipo de vehículo, revelan además que las motocicletas estuvieron involucradas en el 27 % de los fallecimientos, seguidas por automóviles (20.7 %), jeepetas (14 %) y vehículos de carga (14 %).
Aunque las motocicletas representan alrededor del 58 % del parque vehicular nacional, concentran una proporción mucho mayor de las muertes. A ello se suma otro dato alarmante del Opsevi: entre enero y abril de 2026, el 85 % de los motociclistas fallecidos no utilizaban casco protector.
La problemática trasciende el ámbito de los accidentes. En las últimas semanas se han registrado hechos de violencia protagonizados por grupos de motociclistas, incluyendo el asesinato de un conductor de un camión recolector de basura en Santiago, la agresión a un chofer del programa de transporte escolar Trae en presencia de niños y varios incidentes en los que motociclistas reaccionaron violentamente tras supuestos roces con otros vehículos.
La realidad es que el país enfrenta una verdadera emergencia de seguridad vial. Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las principales causas de muerte violenta, y las motocicletas ocupan un papel central en esta crisis.
La situación resulta particularmente evidente en el servicio de entregas a domicilio. Es frecuente observar motoristas que ignoran semáforos, circulan en vía contraria o realizan maniobras temerarias.
Muchos conductores prudentes se ven obligados a verificar constantemente sus espejos retrovisores antes de girar para evitar colisiones con motociclistas que no respetan las normas básicas de circulación.
Surgen entonces preguntas inevitables. ¿Cómo es posible que todavía miles de motocicletas circulen identificadas únicamente con un documento provisional en lugar de una placa visible? ¿Cómo se explica que apenas entre un 20 % y un 30 % de los motociclistas posea una licencia de conducir categoría 01? ¿Por qué continúan observándose motocicletas transportando hasta tres personas, incluidos menores de edad, sin casco protector?
La reducción de la criminalidad es una noticia positiva que merece ser reconocida. Sin embargo, el país no puede ignorar una crisis que cobra muchas más vidas que los homicidios. La prioridad debe ser imponer el cumplimiento efectivo de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Sin un régimen de consecuencias que garantice el respeto a las normas, especialmente en el caso de las motocicletas y el motoconcho, la República Dominicana seguirá enfrentando una epidemia silenciosa que cada año enluta a miles de familias.
