El Centro Juan XXIII expresó su preocupación ante las discusiones públicas en torno al proyecto minero Romero, desarrollado por la empresa GoldQuest, y llamó a que cualquier decisión sobre la iniciativa se adopte con base en criterios técnicos, científicos y legales, respetando el Estado de derecho y la institucionalidad del país.
Mediante una comunicación dirigida al presidente Luis Abinader, la entidad señaló que ha observado informaciones y percepciones que sugieren la posibilidad de detener el proyecto debido a presiones derivadas de la opinión pública, las redes sociales o manifestaciones ciudadanas, sin que previamente se haya concluido de manera definitiva el proceso técnico y legal correspondiente.
La organización indicó que reconoce y valora el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones y preocupaciones sobre temas ambientales y de interés nacional, al tiempo que destacó que la protección del medio ambiente constituye un mandato constitucional y una obligación irrenunciable del Estado dominicano.
Criterios para decidir
No obstante, sostuvo que también resulta fundamental preservar la institucionalidad y la seguridad jurídica del país, especialmente en asuntos relacionados con la inversión, el desarrollo económico y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, las decisiones públicas deben descansar principalmente sobre criterios técnicos, científicos y legales, y no exclusivamente sobre presiones coyunturales o dinámicas emocionales propias del debate público», sostiene la misiva.
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En ese sentido, la entidad saludó la posición expresada por el ministro de Medio Ambiente de esperar la conclusión del Estudio de Impacto Ambiental, conforme a la legislación ambiental dominicana.
Asimismo, planteó que, si dicho estudio determina técnicamente que el proyecto representa riesgos ambientales incompatibles con la protección de los recursos naturales, correspondería jurídicamente rechazar o detener la iniciativa.
Sin embargo, señaló que, si el estudio concluye favorablemente y establece la viabilidad ambiental del proyecto bajo estrictos estándares de mitigación, supervisión y cumplimiento normativo, las decisiones del Estado deben respetar el marco legal y técnico aplicable.
Institucionalidad y desarrollo
La organización consideró que la República Dominicana necesita fortalecer simultáneamente la protección ambiental, la confianza institucional, la seguridad jurídica y la credibilidad de sus procesos regulatorios.
- Sostuvo que una minería responsable, adecuadamente regulada y sometida al estricto cumplimiento de las normas ambientales puede constituir una fuente importante de desarrollo económico, generación de empleos, ingresos fiscales y fortalecimiento nacional, especialmente en un contexto global donde los minerales estratégicos continúan siendo fundamentales para múltiples industrias y tecnologías.
