Cruzar la puerta de un restaurante en la República Dominicana o, simplemente, revisar el desglose de una factura de consumo se ha convertido en un ejercicio de alta tensión para el bolsillo.
No es un secreto que vivir y consumir en nuestro país es caro; sin embargo, la realidad golpea con más fuerza cuando tenemos la oportunidad de mirar hacia afuera y comparar. Recientemente estuve en Panamá, un dinámico centro financiero y turístico de la región, y la experiencia me dejó una inevitable e incómoda interrogante: ¿Por qué en la República Dominicana el costo de consumir es tan asfixiante y, peor aún, tan distorsionado?
Hablemos con los números sobre la mesa. En Panamá, el impuesto equivalente a nuestro ITBIS es de apenas un 7% para la mayoría de los bienes y servicios. Al sentarse a comer o realizar una compra, el impacto fiscal es notablemente sutil. Sin embargo, al regresar a suelo dominicano, la realidad nos recibe con un imponente 18% de ITBIS en la gran mayoría de los productos.
Estamos hablando de una diferencia de 11 puntos porcentuales que impacta directamente en la capacidad de ahorro y consumo de los ciudadanos.
El golpe al presupuesto no se detiene ahí. En el sector de servicios y hostelería dominicano, a ese 18% se le suma de manera obligatoria un 10% por concepto de propina legal, acumulando un gravamen inmediato del 28% sobre el valor consumido.
Es justamente aquí donde debemos detenernos y mirar “sin filtro” una de las distorsiones más descaradas del mercado actual: el cobro de la propina en las cadenas de comida rápida bajo la modalidad de autoservicio.
¿Es legal que te cobren un 10% por servicio cuando nadie te sirve? La respuesta jurídica es un rotundo no. El artículo 228 del Código de Trabajo de la República Dominicana, respaldado por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y resoluciones de Pro Consumidor, establece con claridad que este recargo obligatorio aplica única y exclusivamente cuando el consumo ocurre dentro del establecimiento y existe una atención directa al cliente.
Cuando usted hace una fila, pide en un mostrador, paga por adelantado, espera su número y traslada su propia bandeja a la mesa —o peor aún, cuando pide por el drive-thru para comer en su vehículo— el cobro de ese 10% constituye un engaño y una flagrante ilegalidad. Es un cobro por un servicio fantasma.
El problema de fondo no es solo la tasa impositiva o los abusos comerciales en sí mismos. Históricamente, las sociedades están dispuestas a asumir costos altos si estos se traducen en un Estado de bienestar palpable o en servicios comerciales de altísima calidad. Si al salir de los establecimientos encontráramos vías públicas asfaltadas, correctamente señalizadas, iluminadas y seguras, el 18% del ITBIS se pagaría con otra actitud.
Lamentablemente, el panorama es opuesto. El dominicano paga un ITBIS europeo para recibir, a cambio, infraestructuras rezagadas. El deterioro de las calles, los baches que destruyen los vehículos de los propios contribuyentes y los tapones interminables por falta de planificación vial son la prueba más fehaciente de una desconexión profunda.
Las retribuciones de lo recaudado no se ven reflejadas en el entorno diario del ciudadano que cumple religiosamente con sus obligaciones fiscales.
Pagar impuestos es un deber ciudadano indispensable para el desarrollo, de eso no hay duda. Sin embargo, la sostenibilidad de un sistema descansa en la confianza, en la reciprocidad y en el respeto a las leyes.
Cuando el consumidor dominicano siente que el dinero de su esfuerzo se disuelve entre el asfalto roto y facturas comerciales infladas con penalidades ilegales, nace una profunda y justificada frustración.
La comparación con Panamá demuestra que es posible mantener dinámicas comerciales atractivas sin asfixiar al consumidor. En la República Dominicana urge abrir un debate sincero sobre la eficiencia del gasto público; al mismo tiempo, sobre la fiscalización real a los comercios que abusan del bolsillo dominicano.
No podemos seguir sosteniendo una carga del 28% en consumos si las calles por las que transitamos exhiben abandono y los mostradores de comida rápida nos cobran por un servicio que nos damos nosotros mismos.
El contribuyente dominicano ya aporta como un ciudadano del primer mundo; es hora de exigir derechos y contraprestaciones a la misma altura.
