En los últimos años, y especialmente después de la pandemia, pedir comida dejó de ser un lujo ocasional para convertirse en parte del día a día. Las aplicaciones de delivery tomaron una relevancia sin precedentes y, para muchos restaurantes, estar en ellas dejó de ser una opción: se volvió una condición para existir.
La comodidad de una app, un par de clics y la comida en la puerta transformó la forma en que consumimos. Pero detrás de esa aparente modernidad hay una realidad incómoda que pocos se atreven a decir en voz alta: el modelo actual de delivery está asfixiando a los restaurantes.
Conversando con un amigo, propietario de restaurante, me confesó algo que muchos en el sector saben, pero callan: lo que se vive con estas plataformas ya no parece una alianza, sino una relación de dependencia abusiva y peligrosa, cercana a un monopolio disfrazado de innovación.
Hoy, los restaurantes dependen casi por completo de plataformas internacionales para acceder a los clientes en el mundo digital. Estas plataformas, como Pedidos Ya, no solo intermedian el servicio, sino que ponen sus comisiones, imponen las reglas; deciden qué negocio se ve más, cuáles quedan ocultos, exigen colocar obligatoriamente descuentos y cuánto se paga por estar dentro. Si no aceptas sus condiciones, simplemente desapareces del radar del consumidor.
Mientras tanto, el empresario local asume toda la carga: el costo de los alimentos, los empleados, la renta, la electricidad, los impuestos, la calidad del producto y hasta las reclamaciones del cliente por el delivery. Sin mencionar que el mal servicio no recae sobre el desempeño de la app sino sobre el negocio.
Nuestros pequeños y medianos empresarios sostienen toda la operación. Las plataformas, en cambio, se llevan un porcentaje significativo de cada pedido sin cargar con ningún compromiso.
Esto ha creado una distorsión profunda: muchos restaurantes ya no pueden sobrevivir sin estas aplicaciones porque dominan gran parte del mercado digital. No estar en ellas es, prácticamente, no existir.
Entonces surge una pregunta inevitable: ¿quién protege al pequeño y mediano restaurantero dominicano?
No estamos hablando de grandes cadenas, sino de una clase media que invierte, genera empleo y sostiene una parte importante de la economía. Sin embargo, hoy está desprotegida. No hay regulación clara sobre las comisiones ni límites definidos que garanticen una competencia justa.
Esto dejó de ser solo tecnología. Es un tema económico, político y hasta de soberanía comercial.
No se trata de rechazar la innovación. Las plataformas han traído eficiencia y han ampliado el mercado. Pero una cosa es innovación y otra muy distinta es abuso.
Los empresarios no están pidiendo privilegios. Están pidiendo reglas claras. Un terreno donde puedan competir sin ser asfixiados.
Ante este panorama, surge una propuesta que merece atención: el desarrollo de una plataforma nacional de delivery, impulsada por el Estado en conjunto con el sector privado. Instituciones como el ITLA podrían liderar una aplicación que agrupe a los restaurantes del país bajo condiciones más justas y transparentes.
No se trata de eliminar la competencia internacional, sino de equilibrarla. De crear una alternativa que permita a los negocios locales sobrevivir y crecer sin depender completamente de corporaciones extranjeras.
Porque si seguimos así, el desenlace es claro: las plataformas seguirán creciendo, pero los restaurantes comenzarán a desaparecer.
Y cuando eso ocurra, perderemos todos.