Expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA —como el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe— pidieron este viernes usar la jurisdicción universal para investigar al Gobierno de Nicaragua, al acusarlo de «crímenes de lesa humanidad» por su responsabilidad en la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera.
Los exmandatarios pidieron —en un pronunciamiento— una investigación criminal internacional contra el Gobierno nicaragüense por el deceso del opositor Rivera, líder del partido indígena Yatama, fallecido la semana pasada tras dos años y medio de detención arbitraria en un paradero desconocido.
En el texto, los firmantes «exigen de la comunidad internacional y de las democracias de las Américas asumir sus obligaciones de protección colectiva y ejercer la jurisdicción universal ante la imposibilidad absoluta de que el Estado nicaragüense, por coludido con las desapariciones forzadas, pueda llevar a cabo una investigación imparcial».
En el texto, firmado también por el argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox y la costarricense Laura Chinchilla, entre un total de cerca de 30, los expresidentes denunciaron los «crímenes de lesa humanidad» del «régimen» presidido por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
- Con este pronunciamiento, los signatarios se suman a críticas de organismos como la ONU y Amnistía Internacional por el deceso de Rivera, arrestado el 29 de septiembre de 2023 y fallecido el 30 de mayo pasado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, donde había ingresado desde el 7 de marzo de este año por complicaciones respiratorias.
La muerte del líder indígena se suma a otras seis personas fallecidas bajo detención estatal en Nicaragua por su oposición al Gobierno.
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Además, expertos de Naciones Unidas denunciaron el miércoles pasado que siete familiares de Rivera, de 73 años, desaparecieron de manera forzada cuando acudieron a reclamar sus restos.
Los expresidentes del Grupo IDEA, en su mayoría de derecha, argumentaron que «los crímenes de lesa humanidad son de responsabilidad individual y están proscritos por el derecho imperativo (ius cogens)».
Por ello, agregaron: «No se eximen a los gobernantes imputables, aun cuando sus Estados no sean parte de los tratados y acuerdos internacionales que los establecen».
También sostuvieron que «las violaciones graves de derechos humanos ocurridas bajo el régimen Ortega-Murillo tienen carácter sistemático y generalizado».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelecto para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
