Tegucigalpa.- Un juez en el Caribe de Honduras ordenó este miércoles la medida cautelar de detención judicial a Carlos Mencías, alias El Gato Negro, presunto autor intelectual y material del asesinato de 20 personas en una finca de palma africana el pasado 21 de mayo.
Mencías, de 27 años, compareció en una audiencia de presentación de imputados ante el Juzgado de Letras de La Ceiba, que además fijó la audiencia inicial para el 9 de junio, informó a periodistas el portavoz judicial Glen Flores.
El sospechoso será remitido a un centro penitenciario no especificado, por razones de seguridad y para «resguardar su integridad física», precisó el portavoz judicial.
Qué implica la detención
La detención judicial en Honduras es una medida cautelar privativa de libertad que es ordenada por un juez tras la audiencia de imputación. Su plazo máximo de duración es de seis días, plazo en el que debe celebrarse la audiencia inicial para determinar si el acusado se mantendrá en prisión.
Captura y contexto
Mencías fue capturado el martes en La Ceiba, en cumplimiento de una orden judicial. Según los informes de inteligencia policial, es considerado el principal sospechoso de planificar y ejecutar la matanza ocurrida la madrugada del 21 de mayo en el sector de Rigores, en el conflictivo departamento de Colón.
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- De acuerdo con el expediente oficial, en el ataque participaron hombres vestidos con uniformes policiales que utilizaron pistolas y fusiles de asalto.
Las investigaciones, que continúan abiertas para determinar la implicación de otros sospechosos, vinculan el crimen con el robo del fruto de la palma africana en Colón, una región afectada por el narcotráfico y por un histórico litigio de tierras que se ha cobrado más de 200 vidas en las últimas décadas.
Conflicto en Colón
La disputa territorial en Colón se remonta a hace medio siglo, tras la venta a grandes empresarios agrícolas de propiedades otorgadas inicialmente a campesinos mediante una reforma agraria, unos terrenos que hoy reclaman las nuevas generaciones de campesinos.
Según las autoridades locales, este histórico conflicto social se ha recrudecido en los últimos años debido a la infiltración del crimen organizado, el narcotráfico y la injerencia política en la zona.
