SANTO DOMINGO.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió de manera tajante que el órgano persecutor del Estado mantendrá firme su posición y no detendrá las investigaciones ni los procesos judiciales contra el dolo público bajo ninguna circunstancia, tras calificar este flagelo como una grave violación a los derechos humanos.
Al reaccionar ante las recientes decisiones judiciales, específicamente sobre un auto de no ha lugar que favoreció a varios imputados, Reynoso anunció de forma oficial que el Ministerio Público apelará dicha resolución por contener «falencias procesales elementales». La magistrada fundamentó la acción legal en la existencia de participaciones criminales debidamente acreditadas mediante testimonios directos y decenas de pruebas que, a su juicio, deben ser dirimidas en un juicio de fondo.
«Fuimos testigos de cómo un imputado, hoy favorecido con un no ha lugar, admitió en nuestra presencia y en la de sus abogados haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo, dinero proveniente de actos de corrupción», precisó la procuradora, quien enfatizó que dejar pasar una decisión no sustentada en derecho no sería honesto ni justo para el país.
La funcionaria judicial restó importancia a los ataques y a las costosas campañas de desinformación que buscan desnaturalizar la verdad procesal. Aseguró que la respuesta de su gestión frente a los obstáculos será actuar con mayor firmeza, fuerza y apego a la Constitución y las leyes, garantizando que se agotarán todos los recursos procesales disponibles en los tribunales.
Balance e impacto de la lucha anticorrupción
Para evidenciar los avances del Ministerio Público en materia de persecución del delito en la administración pública, la procuradora general citó un total de 274 personas físicas y jurídicas han sido acusadas formalmente por el órgano persecutor.
Agregó que se han obtenido 74 condenas y se han dictado 174 autos de apertura a juicio en los tribunales del país.También resaltó el decomiso histórico de más de 6,000 millones de pesos y condenas contundentes a favor del patrimonio público.
Así como la implementación de la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Compras y Contrataciones, y un Código Penal con nuevos tipos penales para delitos contra el erario.
Finalmente, Reynoso reiteró que las acusaciones formuladas son documentos públicos e íntegros, disponibles en las plataformas oficiales de la institución, e instó a los demás actores del sistema de justicia a asumir la responsabilidad histórica que les corresponde conforme a las leyes vigentes.
