El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, dijo este lunes que el partido reafirma la inocencia de los compañeros que aún continúan en los tribunales.
“Están enfrentando procesos respeto a los cuales hay serios reservas y cuestionamiento sobre la solidar política de las administraciones y sobre las actuaciones que alimentan la percepción de una justicia utilizada con fines políticos”, explicó.
Aseguró además que “el mismo interés político lleva el Ministerio público a presentar apelaciones temerarias contra ciudadanos a los que los tribunales ya declararon sin razón procesar”.
Manifestó que la reciente decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional recuerda una verdad esencial de todo Estado de derecho: una acusación no equivale a una condena, corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades sobre la base de pruebas válidas y suficientes.
¿Qué dice el PLD sobre sus dirigentes que aún tienen procesos pendientes en los tribunales?
“La presunción de inocencia no constituye un privilegio; es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideas políticas o de la posición que ocupen en la sociedad”, sostuvo el vocero del PLD.
Afirmó que se presentaron acusaciones como verdades definitivas cuando aún debían ser sometidas al escrutinio judicial. “Esa verdad ha comenzado a abrirse paso y nada podrá detenerla. Nunca hubo casos. No se trata de culpables o inocentes, se acusó a quienes se podía instrumentalizar para destruir al PLD. Esa verdad ha comenzado a florecer y nada podrá detenerla”.
Por esa y otras razones el PLD propone que la sociedad dominicana asuma el compromiso de que nunca más la justicia sea utilizada como instrumento de competencia política, las conferencias de prensa sustituyan las decisiones de los tribunales y la filtración selectiva de expedientes se convierta en un mecanismo de condena anticipada.
Asimismo, la prisión preventiva sea utilizada como castigo antes de una sentencia, los procesos judiciales se prolonguen innecesariamente más allá de los límites razonables establecidos por la ley, se vulneren la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a una defensa efectiva.
Igualmente, se utilicen mecanismos administrativos nacionales o internacionales para afectar derechos, reputaciones o carreras políticas al margen de las garantías del debido proceso.
