Con preocupación hemos observados algunos hechos de agresiones contra agentes policiales, en su mayoría perpetrados por personas en conflicto con la ley, sobre todo en materia de tránsito o frente a acciones preventivas. Estos episodios reflejan la tensión constante entre quienes buscan evadir la justicia y quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana. Tales agresiones son una amenaza a la integridad física de los agentes y un irrespeto a la institucionalidad; es allí donde surge la necesidad de reconocer la defensa legítima del policía como un derecho humano básico.
Nuestra policía se encuentra actualmente en un proceso de reformas orientadas a la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la proximidad y la modernización de sus labores. En la actual gestión, como hemos visto en redes sociales, se arenga al policía a actuar con prudencia y con un abordaje ciudadano, algo que aplaudimos, pero esto no debe limitarlos del derecho que tienen a que frente agresiones responder proporcionalmente, ya que defenderse es un derecho amparado por nuestro código penal vigente en su artículo 328, que desarrolla la a legítima defensa como causa de justificación que exime de responsabilidad penal a una persona que actúa para defenderse de una agresión injusta contra si o terceros, la cual se ejerce en escenarios donde no se tiene otro medio para proteger su vida, integridad o derechos de un ataque y más aún esta atenuante de falta protege a quienes arriesgan su vida diariamente para cuidar a otros. La reacción policial frente a un ataque constituye un acto de supervivencia y de cumplimiento del deber, Criticar el proceso de reforma policial, cuando un policía se defiende, es desconocer el mismo, ya que la transformación y modernización policial, busca dotarlos de herramientas legales y éticas para actuar acorde a la ley, la proximidad y la transparencia, entonces cuando un policía se defiende, lejos de contradecir la esencia de la reforma, la reafirma, porque demuestra que la institución no permite malas prácticas a lo interno, no tolera la impunidad, irrespeto a la institucionalidad y demuestra que sus miembros están preparados para responder proporcionalmente a las amenazas. La modernización de la policía también implica reconocer que la legítima defensa es parte esencial de su función, y que garantizar la seguridad de los agentes es también garantizar la seguridad pública.
Un instrumento fundamental para entender que las agresiones deben ser respondidas es la pirámide de uso del uso y empleo de la fuerza, que permite actuar con proporcionalidad. En ella se establece que, frente a un ciudadano cooperador, basta la presencia policial y el diálogo; frente a la resistencia física, se aplican técnicas de control; y frente a la agresividad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a dar una respuesta contundente, pudiendo llegar incluso al uso de la fuerza letal cuando la amenaza escala a ese nivel. Dicho de manera coloquial, esta pirámide le permite al policía neutralizar a los agresores con legitimidad y contundencia, sin caer en excesos ni arbitrariedades.
Autores como Luis Felipe Guerrero Agripino y Adriana de Santiago Álvarez destacan que el uso de la fuerza policial como respuesta a una agresión está enmarcado en principios fundamentales, en este contexto, la sociedad y las ONGs de Derechos Humanos deben actuar con igualdad y justeza, pues, así como reclaman cuando puede ocurrir un uso desproporcionar de la fuerza, deben respaldar a los agentes agredidos, reconociendo que su respuesta proporcional es legítima y necesaria.
El apoyo social al derecho de los policías a defenderse frente a una agresión fortalece la confianza ciudadana en una institución que actúa con justicia, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. En esa confluencia de prudencia y firmeza, proximidad y respuesta proporcional, se consolida la institucionalidad que se sostiene en la confianza ciudadana y en el respeto a sus autoridades. Así como la población tiene derecho a ser respetada y a defenderse frente a cualquier agresión, también lo tienen las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, quienes no dejan de ser parte de esa misma ciudadanía. Reconocer su legítima defensa es reconocer que ellos, como miembros de la sociedad, merecen la misma protección y dignidad que reclaman los demás ciudadanos.
