La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) cuestionó el reglamento aprobado por la Junta Central Electoral para regular las firmas encuestadoras y la publicación de encuestas electorales, al considerar que la normativa transgrede principios constitucionales y limita derechos fundamentales sin respaldo legal suficiente.
A través de un análisis jurídico, FINJUS advirtió que el reglamento excede las facultades reglamentarias de la JCE al imponer restricciones que, según sostiene, solo pueden establecerse mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional.
La entidad señaló que la disposición que prohíbe publicar encuestas electorales antes del inicio formal de la precampaña constituye una limitación a la libertad de empresa, al derecho a la información y a la participación política.
Cuestionamientos legales
Explicó que la Constitución dominicana establece el principio de reserva de ley, el cual dispone que únicamente el Poder Legislativo puede regular o limitar derechos fundamentales.
En ese sentido, recordó que el artículo 216 de la Ley 20-23 únicamente prohíbe la difusión de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones, por lo que la veda extendida contenida en el reglamento carecería de base legal.
FINJUS sostuvo que la JCE estaría “legislando por vía administrativa” al crear restricciones no contempladas en la legislación vigente, lo que, a su juicio, vicia de nulidad el reglamento por violar la supremacía constitucional y el ordenamiento jurídico.
Impacto y advertencia
La entidad también alertó sobre el impacto práctico de la medida, al considerar que generaría una “asimetría informativa” entre la ciudadanía y los partidos políticos. Según explicó, mientras las organizaciones políticas podrían continuar realizando encuestas para uso interno, el público quedaría privado de acceder a información sobre tendencias y preferencias electorales para formar criterio propio.
FINJUS reconoció que el órgano electoral tiene la responsabilidad de velar por la transparencia y equidad de los procesos electorales, pero insistió en que cualquier restricción a derechos fundamentales debe surgir de un amplio debate legislativo y no de una disposición administrativa.
«La política no se agota en los momentos electorales. Es una dimensión permanente de la vida social», enfatizó la organización, al sostener que las restricciones propuestas requieren consenso democrático y legitimidad legislativa.
