EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader promulgó el pasado 1 de mayo la Ley 16-26, una normativa que autoriza al Poder Ejecutivo a reconocer y saldar deudas relacionadas con obras realizadas por empresarios y constructores, incluyendo algunas ejecutadas sin contratos formalizados.
La legislación surge luego de varios meses de debates en el Congreso Nacional sobre distintas iniciativas dirigidas a regularizar compromisos pendientes del Estado con contratistas que participaron en proyectos de infraestructura pública.
El proyecto original había sido sometido por el senador Franklin Romero y aprobado por el Congreso el 1 de diciembre. Sin embargo, la pieza fue observada por el mandatario el 16 de enero, tras considerar que contenía aspectos inconstitucionales.
Entre las observaciones señaladas por el jefe de Estado figuraban la ausencia de un monto específico a desembolsar y la falta de un límite temporal que definiera cuáles casos podrían beneficiarse de la disposición.
Asimismo, Abinader cuestionó la carencia de mecanismos claros para validar las deudas, al indicar que el reconocimiento de obligaciones del Estado debe sustentarse en compromisos “ciertos y líquidos”, respaldados por documentación que permita determinar con exactitud la existencia y cuantía de los pagos pendientes.
Tras las objeciones presentadas por el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional decidió reformular la iniciativa y elaborar una nueva propuesta legislativa, la cual finalmente fue aprobada y promulgada por el mandatario.
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