EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, denunció este domingo que en el acuerdo suscrito entre la República Dominicana y los Estados Unidos, mediante el cual el país recibe súbditos de la nación norteamericana, se incurrió en una subversión del orden constitucional.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa «D´Agenda», Gómez Ramírez aseguró que con dicho acuerdo se produjo una transgresión a la soberanía nacional, porque hay un orden y un protocolo para que cada nación cuide su soberanía, como lo hace Estados Unidos.
Sostuvo que a los dominicanos les corresponde defender con gallardía, dignidad y vergüenza su soberanía, porque la nación no puede estar sometida de manera incondicional a lo que quiera otro Estado, no importa cómo se llame, o el tamaño territorial que pueda tener.
El juez emérito del Tribunal Constitucional aclaró que no se puede desconocer cuánto gravita Estados Unidos sobre la República Dominicana, en la economía y todo lo que concierne al desenvolvimiento nacional.
Sin embargo, aclaro que “eso es una cosa y otra cosa es la incondicionalidad, que es inaceptable; por eso decimos que el pueblo tiene su dignidad, que tiene una historia grandiosa”.
“Nosotros tenemos 182 años luchando por esta soberanía, que Duarte lo advirtió; y dijo que a lo largo de nuestra historia se iba a dar esa situación, esa confrontación entre quienes defienden la soberanía nacional y los que están listos para colocarse bajo los protectorados y las potencias”, recordó el presidente del Instituto Duartiano.
Dijo que es incontrovertible que el citado pacto podría tratarse de una imposición debido a que el presidente Luis Abinader no estaba en esa tesitura, y lo dijo; cuando luego aparece con una postura distinta a la que había sostenido, debemos preguntarnos: ¿qué pasó aquí?
“Pero, además, es que es muy evidente, y así vamos, yo creo que hay que cumplir con los preceptos constitucionales, cumplir con la ley y propiciar un estado de derecho, donde se cumplan las normas”, insistió el jurista.
Gómez Ramírez calificó como preocupante todo lo que se está generando en el país en lo que concierne a la soberanía nacional, porque se han estado produciendo acontecimientos y toma de decisiones que, no hay dudas, resultan muy comprometedoras y están ocurriendo bajo el desconocimiento del orden constitucional; en este caso jurídico, legal y migratorio.
«Se subvierte el orden constitucional, sin lugar a dudas, y eso no es nada aconsejable; hace tiempo que se están haciendo cosas que no se corresponden. En una situación como esta, corresponde que dicho Acuerdo pase por el Tribunal Constitucional para que llegue al Congreso, si el Constitucional considera que no transgrede la soberanía del país. Si eso no sucede, hay una transgresión al orden constitucional”, se quejó el profesional del derecho.
El doctor insistió en que “hay un orden y unos protocolos con los que cada país cuida su soberanía, como lo hace Estados Unidos”.
Wilson Gómez dice que se dio categoría de memorándum a un acuerdo para obviar TC y Congreso
El doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, criticó que las autoridades dominicanas dieran categoría de memorándum al tratado firmado con los Estados Unidos para recibir inmigrantes de terceros países, con la finalidad de obviar al Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional.
“Al momento de calificar el acto, la calificación no la da la denominación; el hecho de que usted le llame Memorándum de Entendimiento no necesariamente quiere decir que sea eso. Lo que se firmó no es un memorándum; este es un acuerdo donde el Estado dominicano contrae obligaciones y compromisos”, afirmó el juez emérito del Tribunal Constitucional al ser entrevistado en el programa D´Agenda.
El jurista recordó que en la división de poderes del Estado, el Poder Legislativo es donde reside la soberanía, ya que de acuerdo al texto sustantivo, esta reside en el pueblo, porque el voto que emite el pueblo va a esa representación.
Juan Pablo Duarte preveía que todo tratado internacional tenía que ser objeto de ratificación por lo que él llamaba el Gran Consejo, que no era más que el Congreso. La Constitución del 2010 quiso blindar más la soberanía y por eso establece que el Tribunal Constitucional, órgano extrapoder, tiene entre sus atribuciones establecer la
constitucionalidad de los tratados o acuerdos firmados por nuestro país con otro Estado o nación”, recordó Wilson Gómez.
Agregó que no basta que el Poder Ejecutivo pacte o acuerde, sino que tiene que enviar ese acto al Tribunal Constitucional, y esa institución, después de hacer un análisis minucioso y serio, establece la pertinencia o no del acuerdo, para determinar si no afecta la soberanía.
Entonces, ahí es cuando puede pasar al Congreso; en este caso, ese documento no ha ido ni al Constitucional ni al Congreso, y, como he dicho, aunque han querido decir que es un documento sencillo, desprovisto de compromisos y obligaciones, no es así. El país tiene que asumir algo que no está contemplado en nuestra Ley General de Migración, es decir, un súbdito de tercer país es deportado para nuestro territorio, pero no hay reciprocidad, porque la República Dominicana no puede enviar un haitiano para los Estados Unidos”, censuró.
Gómez Ramírez califica de abuso que el país aporte U$20 millones para combatir pandillas en Haití
El presidente del Instituto Duartiano calificó como un abuso el hecho de que la República Dominicana tenga que aportar 20 millones de dólares para financiar la supresión de las bandas haitianas, cuando no existe ninguna garantía de que las nuevas tropas que han sido enviadas a enfrentar esas pandillas puedan lograr su cometido.
“Ese aporte que hace la República Dominicana es otra expresión abusiva porque no tenemos ninguna garantía de que esas fuerzas van a hacer nada, porque si vamos a la historia de presencia de tropas extranjeras en Haití, de un grupo que viene y otro que se va, sin un resultado favorable, todo lo contrario; crisis sobre crisis”, deploró.
Gómez Ramírez recordó que, tradicionalmente, la República Dominicana ha tenido el cuidado y la prudencia del manejo de las relaciones con Haití. ¿Se ve bien que la República Dominicana se inmiscuya de manera tan directa, haciendo aportes para tropas que se dirigen hacia Haití? “¿Tenemos nosotros esa holgura, cuando ya tenemos el presupuesto nacional comprometido, para hacer un aporte de esa magnitud?”.
“El artículo 3 de la Constitución de la República no solo blinda su soberanía, también establece en ese artículo que el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados es un principio irrenunciable y cardinal de nuestra política internacional, es decir, hay una prohibición expresa, como para hacer esas cosas así”, deploró.
Preguntó qué han hecho los otros países en favor de Haití; “es verdad que a la República Dominicana le afecta el problema de Haití, pero nosotros hemos colaborado y hecho aportes extraordinarios a la vecina República, y a los haitianos que están aquí en una cantidad exorbitante aquí en el país”.
Apoya reclamo de jueces y deplora que los avances que experimentó la justicia vayan en retroceso
Wilson Gómez Ramírez, quien fuera juez de carrera del tren judicial, manifestó su respaldo a los jueces y juezas que paralizaron sus labores el pasado jueves en reclamo de mejores condiciones laborales y remunerativas.
El también expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana deploró que los avances que se lograron en la gestión de Jorge Subero Isa al frente de la Suprema Corte de Justicia hayan retrocedido.
Gómez Ramírez puso el ejemplo del arduo trabajo que se hizo en la Jurisdicción Inmobiliaria, donde el país invirtió una gran cantidad de millones de pesos en ese proceso, comenzando por un préstamo de U$32 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y ocho millones de dólares de contrapartida del Estado Dominicano.
Dijo que los avances que se lograron fueron tan excelentes que el país era modelo en cuanto a la seguridad de las informaciones del registro de propiedad, a tal punto que no necesitaba de ningún seguro como existe en otros países de la región.
“En el caso actual del presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, por lo menos en el sector de justicia que yo más conocí, que es el inmobiliario, entiendo que ha habido un proceso de involución, una contrarreforma”, lamentó el juez emérito del Tribunal Constitucional.
Dijo no entender cómo el edificio donde funciona la Jurisdicción Inmobiliaria se haya usado para habilitar tribunales penales y de otras jurisdicciones, que han creado hasta dificultades para el ejercicio profesional.
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