La Fiscalía brasileña recomendó este miércoles al Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) que no renueve la licencia ambiental de la única mina de uranio del país, en operación desde 1999, hasta que la empresa responsable consulte debidamente a las comunidades potencialmente afectadas por la actividad.
La recomendación del Ministerio Público Federal no implica el cierre definitivo de las operaciones, sino una suspensión condicionada al cumplimiento de la exigencia de consulta previa a poblaciones impactadas por el proyecto, en línea con normas nacionales e internacionales.
Según el Ministerio Público, al menos 14 comunidades de descendientes de esclavos prófugos están localizadas en un radio de hasta 20 kilómetros de la mina y nunca fueron consultadas sobre el proyecto, como lo exige la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en vigor en Brasil desde 2004.
De acuerdo con la Fiscalía, la norma de la OIT exige que pueblos tradicionales sean consultados siempre que medidas administrativas, como la licencia ambiental para grandes proyectos, puedan afectar directamente sus territorios y modos de vida.
La unidad de extracción de uranio de Caetité, municipio del estado de Bahía (nordeste), es operada por la estatal Industrias Nucleares do Brasil y constituye el primer eslabón del ciclo nacional del combustible nuclear.
Brasil realiza en la instalación de Caetité las fases iniciales de minería y beneficiamiento del mineral, de las que resulta el llamado concentrado de uranio, conocido como yellowcake.
Según datos oficiales de la empresa, la instalación está ubicada en una provincia mineral, con recursos estimados en unas 87.000 toneladas de uranio, y tiene una producción cercana a 400 toneladas anuales del concentrado por año.
- El uranio extraído no es enriquecido en Brasil.
Tras su procesamiento inicial en Caetité, el concentrado es enviado al exterior, principalmente a Europa, donde pasa por etapas industriales posteriores, como conversión y enriquecimiento, antes de retornar en forma de combustible para las centrales nucleares que Brasil tiene en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro.
La mina de Caetité opera desde hace casi tres décadas en una región que ha sido objeto de protestas de organizaciones sociales y organismos de control por posibles efectos sobre recursos hídricos y poblaciones locales.
La recomendación de la Fiscalía no es de obligatorio cumplimiento para el Ibama, pero suele servir como advertencia formal previa a eventuales medidas judiciales si el órgano ambiental decide ignorar las observaciones del Ministerio Público.
