EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante la ola de muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, fue sometido en el Senado un nuevo proyecto de ley que busca poner fin a estos crímenes en República Dominicana.
Se trata de la iniciativa que crearía el Sistema Nacional “Alerta Mujer”, un mecanismo de respuesta rápida para prevenir feminicidios y proteger a mujeres en situación de riesgo en el país.
La normativa, autoría del senador Cristóbal Venerado Castillo, establece un protocolo que se activaría desde el momento en que una mujer denuncie amenazas, agresiones o cualquier señal de peligro.
La propuesta legislativa dispone que, una vez recibida la denuncia, las autoridades deberán realizar una evaluación inmediata del nivel de riesgo para determinar las medidas de protección necesarias.
Dependiendo de la gravedad del caso, podrían activarse acciones como vigilancia policial, órdenes de alejamiento contra el agresor, traslado de la víctima a casas de acogida y asistencia psicológica y legal.
Asimismo, contempla la entrega de botones de pánico o aplicaciones móviles conectadas con organismos de seguridad, permitiendo a las víctimas solicitar ayuda de forma inmediata ante una situación de emergencia.
Además, los tribunales tendrían la facultad de ordenar dispositivos de monitoreo electrónico para agresores con medidas de restricción, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento.
La propuesta incluye la creación de una Línea Nacional “Alerta Mujer”, disponible las 24 horas para recibir denuncias y activar los protocolos de protección en tiempo real.
Otro de los elementos del sistema sería el Fondo Nacional de Protección, destinado a financiar asistencia social, apoyo económico y alojamiento temporal para mujeres víctimas de violencia.
La normativa ordenaría fortalecer las unidades especializadas del Ministerio Público para investigar casos de violencia de género y feminicidios, además de crear un Registro Nacional de Violencia de Género y Feminicidios para recopilar estadísticas y mejorar las políticas públicas de prevención.
La pieza legislativa también establece que las instituciones del Estado deberán coordinar acciones conjuntas para hacer frente a esta problemática que genera preocupación en la población.
Una vez este proyecto cumpla con el trámite legislativo y se convierta en ley, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 180 días para emitir el reglamento de aplicación.
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