La Paz.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta la primera gran crisis política de su Gobierno, en medio de la recesión económica que atraviesa el país, con protestas y movilizaciones concentradas en el área andina que exigen su renuncia apenas seis meses después del inicio de su mandato y que están afectando el abastecimiento de alimentos y combustibles en La Paz.
Paz ya afrontó protestas entre diciembre y enero cuando retiró la subvención de los combustibles, aunque logró acuerdos que frenaron las movilizaciones.
Los analistas políticos Huáscar Pacheco y Vladimir Peña coincidieron —en declaraciones a EFE— en que la base del conflicto político está en la crisis económica, pero también señalaron los «errores» cometidos por el Gobierno de Paz y una influencia del ‘evismo’, la corriente afín al expresidente Evo Morales (2006-2019).
No obstante, los consultados advirtieron que la complejidad de la crisis no puede atribuirse únicamente a esa agrupación o a los sectores afines, debido a su «reducida» presencia política en comparación con el pasado.
Pacheco, experto en conflictividad política, subrayó que el deterioro de las condiciones de vida, la inflación y la escasez de combustible y de dólares son parte de la «crisis multidimensional» que ya afectaba a Bolivia antes de que Paz asumiera la Presidencia el 8 de noviembre pasado.
Los organismos multilaterales han pronosticado un decrecimiento económico en 2026 de hasta el 3,3 %, tras la contracción del 1,58 % sufrida en 2025, año en que la inflación llegó al 20,4 % en una economía donde un 85 % de la población es informal.
El analista advirtió que esos problemas seguirán latentes por la prolongada crisis, pero señaló que las demandas han mutado rápidamente a un escenario de conflictividad marcado por posiciones políticas “irreductibles”, lo que dificulta una salida negociada.
Los «conflictos ideológicos políticos son muy difíciles de negociar», añadió Pacheco, aunque consideró que, incluso en ese contexto, debe buscarse una solución a través del diálogo, antes que con acciones de fuerza amparadas bajo una eventual declaratoria de «estado de excepción», como han solicitado algunos sectores conservadores.
Asimismo, el experto consideró que no ve «una crisis de gobernabilidad» porque el Gobierno mantiene su «legitimidad», tras haber sido elegido en las urnas hace siete meses, pese a haber cometido «muchos errores», afirmó Pacheco.
A su juicio, el principal fallo fue «un exceso de promesas» no cumplidas porque, en la actual crisis económica, el Estado no tiene cómo responder, además de «mostrarse muy cercano» con sectores empresariales «que no representan a las grandes mayorías», sostuvo.
Creo que han mostrado un Gobierno muy cercano a estas élites», apuntó Pacheco, y consideró que al Ejecutivo «le falta un poco de calle» y «entender» que, si bien son necesarios los técnicos para afrontar la crisis, la «Bolivia profunda es mucho más compleja».
Esa mirada, según reconoció el analista, requiere comprender que los sectores populares que hoy son opositores a Paz funcionan con dinámicas «prebendales», y el gobernante debe negociar sobre esas demandas, como lo ha hecho en las últimas semanas al ceder a reclamos de sectores como el de los mineros y los maestros.
«Impaciencia de la gente»
Por su parte, Peña opinó que el Gobierno aún «no tiene un rumbo claro de hacia dónde dirigirse» con las reformas estructurales que pretende implementar en áreas estratégicas de la economía, mientras que los sectores sociales tienen expectativas que no han sido respondidas.
«Esa expectativa de cambio hoy se traduce en una impaciencia de la gente para saber hacia dónde se va. Se está acabando la tolerancia que ha tenido la gente al presidente», afirmó el experto.
Sobre la presencia del ‘evismo’ en las protestas, Peña reconoció que tiene «una base fiel, muy dura, pero que le impide construir una mayoría en el país», como en el pasado.
A su juicio, para enfrentar el conflicto, Paz debería construir una coalición con los otros líderes políticos que tienen fuerzas parlamentarias e incluir a su propio vicepresidente, Edmand Lara, uno de los primeros en declararse opositor al Ejecutivo.
«Necesitamos un acuerdo mínimo como país y eso tiene que liderarlo un presidente que entiende un país diverso y plural», afirmó Peña.
