El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desdeñó este lunes la decisión de Washington de sancionar a once altos cargos políticos y militares cubanos con base en la Orden Ejecutiva del 1 de mayo, que ampliaba el ámbito punible con la congelación de activos en territorio estadounidense.

«En la dirección de nuestro partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense. El Gobierno de EE. UU. lo sabe de sobra; tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar», escribió el presidente en redes sociales.

Díaz-Canel enmarcó la decisión en la campaña de presión de EE. UU. a Cuba para que opere reformas políticas y económicas en el país, que ha contado con medidas como el bloqueo petrolero y la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo, que ampliaba las sanciones.

Respuesta de Díaz-Canel

El presidente consideró que es «inmoral, ilegal y criminal» actuar de esta forma.

 «El castigo colectivo al que están sometiendo al pueblo cubano es un acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales y encausar penalmente a sus promotores», aseguró el mandatario de la isla.

A su juicio, «la retórica anticubana del odio» busca «justificar la escalada» de una «guerra económica total» contra la isla. «Por eso sí seguiremos denunciando, de la manera más firme y enérgica, el cerco genocida que busca estrangular a nuestro pueblo», agregó.

  • El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este lunes en su lista de sancionados a figuras políticas relevantes de Cuba, como el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo; el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Roberto Morales Ojeda; y los ministros de Justicia, Comunicaciones y Energía y Minas, Rosabel Gamón Verde, Mayra Arevich Marín y Vicente de la O Levy.

Militares y entidades sancionadas

Además, fueron sancionados varios militares de alto rango, empezando por el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Joaquín Quintas Solá; el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Eddy Manuel Sierra Arias; y el jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior (Minint), Óscar Alejandro Callejas Valcarce.

Otros militares sancionados por EE. UU. fueron el responsable de la Jefatura de la Contrainteligencia Militar, José Miguel Gómez del Vallín; el jefe del Ejército Central, Raúl Villar Kessell; y el jefe del Ejército Oriental, Eugenio Armando Rabilero Aguilera.

Asimismo, fueron designadas tres entidades: la PNR, el Minint y su Dirección de Inteligencia (DI), esta última a cargo de la represión en la isla.

Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) implican el bloqueo de todos los activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense de las personas o entidades designadas, prohibiendo cualquier transacción comercial o financiera con ellas.

Esta nueva ronda de sanciones llega en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana, marcado por el bloqueo energético que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de «tomar el control» de la isla. 

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