La Habana.- Las reformas económicas anunciadas por el Gobierno cubano en los últimos meses para promover el sector privado y la inversión extranjera llegan tarde y están limitadas por las sanciones de Washington, según expertos independientes consultados por EFE.
Este viernes, las gasolineras estatales del país dejarán de acatar los precios minoristas fijados por el Gobierno y podrán establecerlos libremente en función de los costos de importación.
La medida responde a “motivos económicos”, explicó el Ministerio de Finanzas y Precios, que destacó la apertura a múltiples actores para importar y comercializar combustibles en moneda extranjera.
Apertura parcial al mercado de combustibles
Para el economista cubano Daniel Torralbas, el anuncio representa “un paso positivo”, ya que considera que en la práctica se autorizó el comercio minorista de combustibles a privados.
No obstante, Torralbas entiende que la decisión llega “muy tarde”, debido a que la escasez de combustible y los apagones eléctricos afectan a la isla desde 2021.
Cuando comenzó el llamado bloqueo petrolero de Estados Unidos, el Gobierno cubano permitió por primera vez al sector privado importar combustible.
Sin embargo, mantuvo bajo control estatal la venta minorista y conservó el monopolio sobre la comercialización al público.
Torralbas cuestionó por qué no se adoptó antes una medida de este tipo, tomando en cuenta que las primeras mil mipymes fueron aprobadas en 2021 tras más de seis décadas de prohibición.
El economista considera que la liberalización de precios puede ayudar a incrementar parcialmente el suministro de combustible en el país.
Aun así, advirtió que el sector privado “no tiene la capacidad financiera” para cubrir toda la demanda energética de Cuba ni debería asumir completamente esa responsabilidad.
Sanciones y desafíos para atraer inversiones
Torralbas también señaló los riesgos que representan las sanciones estadounidenses para el éxito de estas reformas económicas.
Entre ellas destacó la reciente Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump, que contempla congelar activos de personas o entidades con vínculos comerciales o financieros con Cuba.
Según el economista, estas medidas “ahuyentan a los inversionistas extranjeros” y dificultan el acceso de la isla a nuevos capitales.
Cuba afrontará en 2026 una contracción económica del 6,5 % del PIB, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
A esta situación se suma una caída acumulada superior al 15 % entre 2020 y 2025, según cifras oficiales.
En medio de este escenario, el Gobierno cubano también busca fortalecer los vínculos económicos con los cerca de tres millones de cubanos residentes en el exterior.
El pasado 5 de mayo fue aprobado el Decreto-Ley 117, que permite invertir en el país a cubanos residentes fuera de la isla.
Sin embargo, para Raudiel Peña, abogado de la ONG independiente Cubalex, el impacto práctico de la medida sigue siendo limitado.
Peña considera que en Cuba persisten “restricciones legales y políticas” que no ofrecen garantías suficientes a los inversionistas.
El jurista explicó que aún faltan mecanismos relacionados con la independencia judicial y garantías formales para proteger los derechos de quienes decidan invertir en el país.
La diáspora cubana mantiene un peso relevante en la economía de la isla debido a las remesas y al respaldo financiero que puede aportar al creciente sector privado.
- Torralbas concluyó que la política económica cubana ha mostrado una tendencia a anunciar medidas importantes sin detallar plenamente los mecanismos necesarios para su implementación efectiva.
