EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) denunció este viernes que el proceso de revisión física para el traspaso de vehículos se ha convertido en un “dolor de cabeza” para los ciudadanos que deben realizar este trámite ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La entidad explicó que la situación se ha agravado tras la centralización del servicio y el traslado del centro de inspección desde el sector Honduras, en el Distrito Nacional, hacia la Circunvalación Norte de Santo Domingo, próximo al kilómetro 22 de la autopista Duarte, en el municipio de Pedro Brand.
Según Anadive, esta medida ha provocado largas filas, retrasos, congestionamientos vehiculares y molestias tanto para distribuidores como para contribuyentes.
La organización reveló que durante el año 2025 se realizaron unas 225,000 certificaciones de vehículos, cada una con un costo de RD$1,500, lo que representa una recaudación aproximada de RD$300 millones.
Indicó que los retrasos están afectando de manera directa a las empresas distribuidoras de vehículos usados, especialmente aquellas que reciben unidades como parte de pago, así como a los ciudadanos en sentido general y a la propia administración tributaria, que deja de percibir ingresos por concepto de traspasos realizados fuera de tiempo.
“La situación se ha desbordado, dando la impresión de improvisación”, expresó Anadive, al tiempo que aseguró que la medida ha sido rechazada por asociaciones del sector automotriz, vendedores de vehículos y usuarios del sistema.
No obstante, la entidad reconoció que el traslado del proceso fue realizado por el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la Policía Nacional con el objetivo de transparentar la emisión de la Certificación de Vehículos de Motor para Traspaso de Propiedad.
Asimismo, señaló que el antiguo sistema fue sustituido por una plataforma digital gestionada a través del portal pn.gob.do, mediante la cual los usuarios pueden solicitar citas en línea y gestionar el proceso de certificación.
Sin embargo, Anadive sostuvo que, en lugar de agilizar el servicio, el nuevo mecanismo ha generado “mayores retrasos, desorganización y costos adicionales”, incluyendo gastos en combustible y traslados innecesarios.
La asociación agregó que los dealers también enfrentan consecuencias financieras, debido a que los retrasos en la documentación impiden recibir pagos de financiamientos bancarios y generan costos logísticos adicionales.
Ante esta situación, Anadive informó que tanto las asociaciones empresariales como los contribuyentes han propuesto varias medidas para mejorar el sistema.
Entre ellas figuran realizar inspecciones mediante muestreo estadístico en determinadas marcas y modelos, alegando que el porcentaje de irregularidades detectadas es extremadamente bajo, inferior al 0.04 %, equivalente a un caso por cada 2,500 vehículos inspeccionados.
También propusieron que el proceso sea completamente digital, similar al utilizado por la Procuraduría General de la República para emitir certificaciones de no antecedentes penales, así como habilitar centros de verificación en distintas regiones del país para evitar que los usuarios tengan que trasladarse hasta Santo Domingo.
Otra de las sugerencias planteadas es aumentar el personal técnico encargado de las labores de fiscalización vehicular, con el objetivo de descongestionar el sistema.
Finalmente, Anadive expresó que el sector automotriz y la ciudadanía esperan que las autoridades adopten soluciones viables antes de que la situación “se salga de control y continúe generando inconvenientes innecesarios”.
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