Londres.- El Reino Unido sancionó este martes a 35 personas y entidades, entre ellas la cubana Dayana Echemendia, por su presunta implicación en redes vinculadas a Rusia que reclutan a migrantes en países de bajos ingresos para enviarlos a combatir en la guerra de Ucrania o trabajar en la industria militar rusa.
Las medidas, anunciadas por el Ministerio de Exteriores, apuntan a estructuras que captan a personas vulnerables con promesas de empleo o una vida mejor, para después destinarlas al frente como combatientes o a fábricas de armamento o de drones.
Según Londres, entre los países de origen de los reclutados figuran Nigeria, Siria, Yemen, la India y Cuba. En este último caso, las autoridades británicas señalan a Echemendia y a la rusa Elena Smirnova por la captación de ciudadanos cubanos mediante engaño para su traslado a Rusia y posterior despliegue en el conflicto.
Redes de reclutamiento
El secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty, calificó de «bárbara» la explotación de personas vulnerables y denunció que Rusia las utiliza como «carne de cañón» para sostener su invasión de Ucrania.
El Gobierno británico indicó que estas redes operan a través de mecanismos como el programa Alabuga Start, que recluta mano de obra en entornos económicamente vulnerables para la industria militar rusa.
Entre los sancionados figura también Polina Azarnykh, penalizada por reclutar personas en África y Oriente Medio para combatir en Ucrania.
Asimismo, son designados Sergei Merzlyakov y Abid Kalid Sharif Abid, presuntamente implicados en el traslado de migrantes desde Oriente Medio y Bangladesh, y varias empresas y ciudadanos indios, entre ellos Faisal Khan, vinculados a la captación mediante ofertas de visados de estudiante.
Sanciones y alcance
En paralelo, Londres sancionó a individuos y compañías relacionadas con la cadena de suministro de drones, como Pavel Nikitin, ligado al desarrollo del dron de ataque VT-40, así como compañías con sede en China y Tailandia, acusadas de proporcionar componentes y tecnología clave.
Estas sanciones implican la congelación de activos, la prohibición de entrada al Reino Unido y la imposibilidad de mantener relaciones económicas o financieras con personas o empresas británicas.
El Ejecutivo británico defendió que estas acciones buscan «interrumpir las cadenas de suministro» de Rusia y subrayó que seguirá utilizando su política de sanciones para aumentar la presión económica y diplomática sobre Moscú y sus redes de apoyo.
