La iniciativa plantea citar al ministro Armando Paíno Henríquez, así como al viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Augusto Batista Batista, y a la directora de Áreas Protegidas, Carolina Alba Ferreras, para que comparezcan ante el pleno o ante la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El proyecto solicita que los funcionarios presenten informaciones detalladas y documentadas sobre el fundamento legal de la referida operación, incluyendo el plan de manejo del área protegida, los actos administrativos que autorizan la concesión y el procedimiento de selección aplicado, en cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas.
Asimismo, requiere detalles sobre los términos del acuerdo con el sector privado, incluyendo copia del contrato, identificación de la empresa concesionaria, plazo de la concesión, condiciones de exclusividad, tarifas autorizadas y modalidad de pago al Estado.
En materia ambiental, la propuesta también demanda información sobre las garantías de protección del área, como el plan de manejo vigente del parque, estudios de capacidad de carga, evaluación de impacto ambiental, manejo de residuos y medidas para evitar afectaciones a las fuentes hídricas y al bosque de pino criollo.
De igual forma, el proyecto solicita explicaciones sobre los mecanismos que garanticen el acceso equitativo de la ciudadanía al área de camping del parque, conforme a la legislación vigente y la Constitución.
Durante la presentación de la iniciativa, la diputada Méndez cuestionó la falta de información oficial sobre la operación en Valle Nuevo y afirmó que el Congreso debe recibir explicaciones claras. “Que le expliquen a este Congreso, que le expliquen a la República Dominicana lo que han hecho con nuestro Valle Nuevo, porque no le han dado ninguna explicación a este país”, expresó.
La legisladora advirtió sobre posibles precedentes en la administración de áreas protegidas. “Así comienzan las cosas en la República Dominicana. Le ceden algo a una empresa privada y jamás ni nunca esa empresa privada sale de ahí”, sostuvo.
Asimismo, defendió el carácter público del parque y el derecho de acceso de la ciudadanía. “Valle Nuevo es de los dominicanos y cada persona tendrá la autoridad de ir a acampar, al glamping o a pasar un día con su familia”, indicó, al tiempo que reconoció la necesidad de regulación.
Méndez también cuestionó la gestión institucional en materia ambiental. “Para eso tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, un ministerio que ha aumentado su presupuesto y no puede ser capaz de controlar los parques nacionales y tiene que buscar empresas privadas para que lo hagan”, señaló.
Finalmente, la diputada advirtió sobre las implicaciones de la gestión de los recursos naturales en el país, al considerar que situaciones como esta podrían replicarse en otros territorios.
La iniciativa establece que los funcionarios deberán remitir la documentación requerida con al menos cinco días hábiles de antelación a su comparecencia, mientras que la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales daría seguimiento al proceso y rendiría un informe al pleno.
El proyecto de resolución también contempla la remisión de copia certificada a las instituciones vinculadas y su publicación en un diario de circulación nacional.