EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carmen Ligia Barceló, propuso este jueves un proyecto de ley que permitiría a los familiares de personas desaparecidas acceder a los fondos y recursos financieros de la persona ausente en plazos de 120 días, «que busca reducir el impacto económico y legal que enfrentan los núcleos familiares».
La iniciativa, sometida junto a los legisladores Rogelio Alfonso Genao y Félix Hiciano, plantea la creación de una “Declaración de Ausencia Especial”, que habilitaría a los dependientes a iniciar procesos legales en un período de 120 días en casos ordinarios y de 45 días en situaciones de desastres o catástrofes, según señala en un comunicado de prensa.
De acuerdo con la propuesta, este mecanismo permitiría el acceso a bienes, cuentas bancarias y otros recursos acumulados por la persona desaparecida, mediante un esquema de liberación escalonada de fondos.
En ese sentido, el plan contempla un primer desembolso del 30% tras la declaración de ausencia, un 40% adicional al emitirse la presunción de fallecimiento y un 30% restante como reserva de garantía, luego de un período de vigilancia patrimonial de cinco años.
“Este proyecto no es solo una necesidad técnica, es un acto de profunda humanidad. No podemos permitir que el Estado sea un obstáculo adicional para quienes viven la incertidumbre de no saber dónde está un ser querido”, expresó Barceló.
La propuesta también faculta al Ministerio Público a actuar de oficio en casos donde los familiares se encuentren en estado de indefensión, con el fin de resguardar el patrimonio del ausente y evitar su deterioro o exposición a riesgos legales.
Asimismo, el proyecto establece sanciones económicas para las instituciones financieras y entidades que retrasen la entrega de información o la liberación de recursos necesarios para la subsistencia de las familias.
Protección social de dependientes
En materia de protección social, la iniciativa dispone que, en caso de empleados públicos desaparecidos, se active una pensión provisional equivalente al 100% de su salario, además de garantizar la continuidad del Seguro Familiar de Salud para sus dependientes.
“Garantizar que los hijos no pierdan su seguro médico ni su acceso a la educación mientras continúa la búsqueda de su progenitor es una prioridad irrenunciable”, afirmó Barceló.
El proyecto define como dependientes al cónyuge o pareja en unión libre, hijos menores de edad o hasta los 21 años si estudian y personas con discapacidad que dependían económicamente del ausente.
En el ámbito de la identidad, la pieza contempla la posibilidad de establecer filiación mediante pruebas de ADN indirectas y prevé la presunción legal en caso de negativa injustificada a someterse a estas evaluaciones.
Además, incorpora disposiciones para casos de reaparición de la persona desaparecida, priorizando la estabilidad de las estructuras familiares formadas durante su ausencia y estableciendo que su estado civil será considerado como divorciado.
La propuesta indica que la Declaración de Ausencia Especial tendrá efectos inmediatos ante la Tesorería de la Seguridad Social y las Administradoras de Riesgos de Salud, prohibiendo la suspensión de la cobertura médica de los dependientes.
La parlamentaria sostuvo que, la iniciativa se fundamenta en los artículos 55 y 69 de la Constitución y busca modernizar un régimen jurídico vigente desde 1804, heredado del Código Civil francés, en materia de ausencia.
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