SANTO DOMINGO.- En un contundente golpe contra una peligrosa red que atentaba directamente contra la salud de la población, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y autoridades sanitarias, desmanteló un centro clandestino donde se almacenaban y comercializaban productos contaminados, muchos de ellos recolectados del vertedero de Duquesa.
El operativo, ejecutado en el sector Los Cazabes, del municipio Santo Domingo Norte, mediante orden judicial, dejó al descubierto una alarmante realidad: más de 18,000 unidades de productos vencidos, falsificados y de procedencia ilícita, junto a la impactante cifra de 6,830 kilogramos (unas 15 mil libras) de carne en avanzado estado de descomposición, que presuntamente serían distribuidos para el consumo humano.
Las autoridades calificaron el hallazgo como una grave amenaza a la salud pública, al tratarse de alimentos y mercancías manipulados sin ningún tipo de control sanitario, en condiciones insalubres y altamente peligrosas.
En la intervención participaron miembros de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), junto al Ministerio Público, la DIGEMAPS, el CECCOM y unidades de la Policía Preventiva, logrando incautar además medicamentos introducidos ilegalmente al país, productos de higiene vencidos, cosméticos adulterados, bebidas alcohólicas falsificadas y alimentos procesados no aptos para el consumo.
El punto más crítico del operativo fue la detección de casi 7 toneladas de carne en estado de putrefacción, almacenadas sin refrigeración ni controles mínimos, lo que constituye una violación flagrante de las normas sanitarias y un riesgo extremo para la población.
Por disposición oficial, toda la carne fue trasladada bajo estricta custodia y destruida en el vertedero de Duquesa, siguiendo los protocolos para el manejo de desechos biológicos contaminados.
Las autoridades persiguen activamente a Antoni Tejada Hernández y Marco Antonio de León, señalados como presuntos cabecillas de esta red criminal, quienes permanecen prófugos.
Mientras tanto, las evidencias ocupadas se mantienen bajo cadena de custodia y las investigaciones continúan en curso para desmantelar por completo esta estructura ilícita y someter a los responsables ante la justicia.
Las autoridades advirtieron que ofrecerán nuevos detalles a medida que avance el proceso, en lo que ya se perfila como uno de los casos más graves de violación a la seguridad alimentaria en el país.
