Por: Carolina Alvarez
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, afirmó que la protección social debe ser entendida como un derecho constitucional de los ciudadanos y no como una asistencia ocasional.
La doctora explicó que el enfoque del gabinete busca garantizar que cada intervención social responda a una política estructurada, alineada con los compromisos internacionales del país, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
“La protección social no es una dádiva, es un derecho inalienable que tiene cada ciudadano y que está garantizado por la Constitución dominicana”, expresó la funcionaria, al destacar que el objetivo es pasar de soluciones temporales a intervenciones sostenibles que transformen las condiciones de vida de las personas.
Vásquez señaló que uno de los principales retos identificados es la dispersión de programas en distintas instituciones, lo que ha generado que en algunos territorios varias entidades ejecuten acciones similares sin una coordinación efectiva. “Estamos trabajando en una reorganización que permita distribuir funciones y focalizar mejor los esfuerzos en las comunidades”, señaló la líder política.
La funcionaria también resaltó el carácter itinerante de su gestión, explicando que las intervenciones se realizan directamente en las comunidades, en coordinación con autoridades locales, juntas de vecinos y organizaciones sociales. “Con este modelo se nos permite identificar de manera más precisa las necesidades reales de la población y dar seguimiento a los casos atendidos mediante enlaces territoriales”, indicó la abogada.
“Lo importante no es solo llevar una ayuda puntual, sino resolver el problema de fondo y sacar a las personas de la vulnerabilidad”, sostuvo, al tiempo que presentó los lineamientos de una nueva estrategia enfocada en la planificación, la articulación institucional y la atención directa a las poblaciones más vulnerables.
Vásquez subrayó que el objetivo del Gobierno es reducir los niveles de pobreza y evitar que las familias permanezcan en condiciones de riesgo, especialmente ante fenómenos climáticos que afectan con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, reafirmando el compromiso de impulsar políticas públicas más inclusivas y sostenibles.
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