SANTO DOMINGO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó preocupación por el procedimiento de gestión de servicios de salud para pacientes extranjeros en el país, el cual se implementa desde el 21 de abril de 2025.
Según el Informe Anual 2025 de la CIDH, durante el primer mes de aplicación del protocolo se reportaron 2,188 detenciones en centros hospitalarios.
El documento señala que, de no cumplirse los requisitos de documentación que exige dicha medida, el paciente debe ser atendido, pero posteriormente entregado a las autoridades para su expulsión inmediata tras la recuperación clínica.
En ese sentido, recordó que organizaciones de la sociedad civil han denunciado que este esquema impone barreras críticas para niños y mujeres embarazadas, aumentando la estigmatización de la población migrante en servicios públicos esenciales.
Frente a estos señalamientos, el Estado dominicano defendió la normativa ante la CIDH, asegurando que el objetivo es organizar la coordinación con la Dirección General de Migración (DGM) y no limitar el acto médico.
Las autoridades insisten en que, con este protocolo, ninguna persona es privada de asistencia en casos de urgencia o partos.
Asimismo, el Gobierno dominicano resalta que la verificación del estatus migratorio ocurre exclusivamente después del alta médica, bajo la supervisión de los funcionarios correspondientes.
No obstante, el informe de la CIDH vincula esta medida con un contexto de endurecimiento migratorio donde las expulsiones han aumentado un 71 % en el primer cuatrimestre del año.
La CIDH también citó preocupaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre violencia institucional y obstétrica, tras registrarse la deportación de 186 mujeres embarazadas y 559 parturientas en un periodo de apenas cuarenta días.
