Ciudad de México.- Autoridades mexicanas informaron sobre la desarticulación de una presunta red de robo y contrabando de combustible, tras un operativo en los estados de México e Hidalgo que dejó múltiples detenidos y el aseguramiento de hidrocarburos y vehículos.
El operativo fue coordinado por instancias de seguridad federal, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), tras meses de investigación sobre el llamado huachicol.
Las autoridades señalaron que la organización operaba mediante un esquema complejo de extracción, transporte y comercialización ilegal de combustible.
Operativo y detenciones
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la red utilizaba pipas, tractocamiones e incluso buques para mover el hidrocarburo robado.
Durante el operativo se ejecutaron 20 órdenes de cateo, distribuidas entre el Estado de México e Hidalgo, tras una investigación de varios meses.
Entre los detenidos se encuentra el presunto líder, identificado como Mauricio “N”, señalado como coordinador de las operaciones logísticas del grupo.
Estructura del esquema ilegal
La organización incluía operadores financieros y logísticos, así como administradores de gaseras vinculadas al manejo del combustible robado.
Las autoridades estiman que la red tenía capacidad para extraer hasta 1,5 millones de litros de hidrocarburo por semana, lo que refleja su alto nivel de operación.
- El esquema incluía también el uso de empresas fachada y documentación falsa para ocultar el origen ilícito del combustible.
Red de “huachicol fiscal” y daños económicos
La Fiscalía General de la República también identificó una red vinculada al denominado huachicol fiscal, relacionado con evasión de impuestos y contrabando.
Estas empresas habrían realizado operaciones simuladas por más de 23.000 millones de pesos, utilizando triangulación financiera y facturación irregular.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, explicó que el grupo utilizaba mecanismos de fraude fiscal y aduanero para introducir combustible al país.
Además, fueron asegurados inmuebles, vehículos de lujo, joyería y efectivo, con un impacto financiero estimado en más de 126 millones de pesos.
Este caso refleja la persistencia del crimen organizado en el sector energético, considerado uno de los principales retos de seguridad en México.
