SANTO DOMINGO.– La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ordenó a los fiscales presentar cargos preliminares por asesinato contra los responsables de la violenta muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, un chofer del Ayuntamiento de Santiago que fue perseguido y ejecutado por un grupo de motoconchistas tras un conflicto vial.
El crimen, que ha generado indignación nacional, ocurrió cuando la víctima fue acorralada luego de una persecución en motocicletas que terminó en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, lugar donde intentó refugiarse desesperadamente para salvar su vida. Toda la secuencia quedó registrada en un video que circula en redes sociales y evidencia la brutalidad del ataque.
“Lamentamos profundamente este asesinato”, escribió Reynoso en la red social X, al tiempo que reveló que, según las investigaciones preliminares, la agresión se originó por un incidente de tránsito sin heridos, lo que resalta el nivel de violencia desproporcionada con que actuaron los atacantes.
La procuradora fue enfática: “He instruido a los fiscales a que presenten cargos preliminares por asesinato en contra del grupo criminal que penetró hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse para salvar su vida”.
Reynoso advirtió que este caso refleja una problemática alarmante en la sociedad dominicana: más del 50 % de los homicidios están vinculados a conflictos sociales que escalan innecesariamente. “Lo que pudo resolverse con diálogo terminó en una tragedia irreparable”, subrayó.
Asimismo, denunció la frecuencia con la que discusiones cotidianas derivan en hechos de sangre.
“Con alta frecuencia procesamos responsables de muertes y lesiones que actúan por diferencias que pueden resolverse en una simple conversación, pero que terminan en crímenes sangrientos”, afirmó.
La jefa del Ministerio Público hizo un llamado firme a la reflexión colectiva: “La violencia jamás será la vía adecuada para dirimir conflictos. Desde el Ministerio Público, haremos absolutamente todo lo posible para que esta turba asesina sea castigada conforme a la ley”.
El caso ha reavivado el debate sobre la intolerancia social y la escalada de violencia en conflictos menores, encendiendo las alarmas sobre la necesidad de respuestas más contundentes desde todos los sectores.
