EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La Coordinadora Nacional Popular (CNP) declaró este lunes el “Día Nacional de la Rebeldía” y respaldó la concentración-marcha convocada para el viernes 24 de abril en el Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago.
La organización informó que anunció jornadas huelgarias de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, a partir de las 6:00 de la mañana.
Asimismo, indicó que convocó para el lunes 27, a las 10:00 de la mañana, una concentración de trabajadores y movimientos socioambientales frente al Palacio Nacional, en el Distrito Nacional, junto a movilizaciones en distintas comunidades del país.
La CNP, mediante un comunicado, rechazó la represión que, según afirmó, fue desatada por el Gobierno el domingo 19 de abril en el Cibao, exigió el cese del cerco contra la residencia del dirigente José Mercado, en San Francisco de Macorís, y demandó la liberación inmediata de decenas de activistas detenidos en esa demarcación y en Navarrete.
Diversas organizaciones respaldaron las protestas, entre ellas el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, Movimiento Unidos Somos Más, Movimiento No Vertedero en La Cuaba, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Centro de Educación para la Paz, la Tolerancia y el Desarrollo (Cepatode), la Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp).
En el marco del 61 aniversario de la Revolución de Abril, las organizaciones señalaron que anunciaron las movilizaciones en rechazo a políticas gubernamentales que, a su juicio, trasladaron el costo de la crisis a los sectores populares y favorecieron a grandes corporaciones.
Los movimientos exigieron la cancelación de proyectos mineros en las cordilleras Central, Septentrional y Bahoruco Oriental, así como la paralización de la presa de colas de El Naranjo, en Sánchez Ramírez, y del proyecto de vertedero en Los Aguacates, La Cuaba, en Pedro Brand.
También demandaron detener la imposición de proyectos mineros y energéticos sin licencia social, preservar Loma Miranda, restablecer el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo y cesar las operaciones de la empresa Docalza en El Pomier, San Cristóbal.
Las organizaciones agrupadas en la Coordinadora Popular Nacional, junto a coaliciones ambientales, campesinas y sociales, manifestaron su adhesión a estas demandas y plantearon un modelo socioeconómico alternativo basado en la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.
En ese sentido, sostuvieron que el uso de montañas, valles y cuencas para actividades como agricultura, turismo comunitario y energías renovables generó mayores beneficios que la minería. Además, propusieron proteger los ríos, retirar empresas contaminantes, aplicar la Ley 64-00, declarar de utilidad pública terrenos para familias vulnerables y reubicar comunidades en zonas de riesgo.
Finalmente, plantearon priorizar la agricultura campesina, garantizar la soberanía alimentaria, impulsar energías limpias, entregar la presa de Monte Grande y el Ingenio Barahona a la población de la región Enriquillo y atender la deuda social de diversos sectores.
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