SANTO DOMINGO.- Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader entregó dos mil títulos de propiedad a residentes del barrio Los Guandules, en el sector Nuevo Domingo Savio, como parte de un proyecto que contempla beneficiar a unas 8,000 familias.
Con esta primera fase, más de 8,000 personas obtienen seguridad jurídica sobre sus viviendas, dentro de un plan estatal que busca regularizar terrenos ocupados durante décadas en zonas vulnerables de la capital.
Durante el acto, el mandatario destacó el impacto de la titulación en las familias y aseguró que se mantendrá dando seguimiento al proceso para acelerar las entregas pendientes.
«Hoy estamos contentos. Ayúdennos a seguir entregando títulos, poniendo de acuerdo a las familias, y vamos a trabajar juntos para que, a partir de hoy, todo este sector de Los Guandules, Nuevo Domingo Savio, sea un sector diferente, que pueda progresar más rápido y en el que todas las familias empiecen a tener mucha más tranquilidad, paz y seguridad», manifestó.
Asimismo, informó que se trabaja para completar los certificados restantes en los próximos meses y extender la titulación a sectores como Gualey, 27 de Febrero, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora.
El presidente también indicó que continúan otras intervenciones en la zona, incluyendo obras de infraestructura. En ese sentido, explicó que ya fue licitada una vía marginal solicitada por la comunidad, cuyo proceso se encuentra en fase de diseño del drenaje para su posterior asfaltado, como parte de las acciones complementarias al proyecto habitacional.
De su lado, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, informó que la entrega de los títulos representa un ahorro colectivo de RD$160 millones para los beneficiarios, al evitar que estos tuvieran que costear el proceso por vía privada. Además, adelantó que la institución trabaja para extender la titulación a sectores aledaños dentro de la misma zona.
El proyecto de titulación en Domingo Savio abarca un área de más de 117 mil metros cuadrados y, una vez concluido, beneficiará a unas 40,000 personas, como parte de una política pública impulsada por el Gobierno para garantizar seguridad jurídica y fomentar el desarrollo económico y social en comunidades históricamente afectadas por la informalidad en la tenencia de la tierra.
